Revela Fiscalía sustancias en casos de pinchazos en el Metro CDMX

Dras las múltiples denuncias por pinchazos dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro, autoridades de la Ciudad de México ofrecieron una actualización sobre las investigaciones, operativos y medidas legales emprendidas para atender esta problemática que ha generado preocupación entre los usuarios.

En una conferencia reciente, la fiscal general capitalina, Bertha Alcalde Luján, detalló que hasta el momento se han recibido alrededor de 65 denuncias formales, de las cuales solo en una parte se ha confirmado una posible punción con objeto punzocortante.

Se detectó THC, benzodiacepinas y cocaína en algunos casos

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), los análisis toxicológicos realizados a algunas de las personas afectadas revelaron la presencia de diversas sustancias psicotrópicas, entre ellas:

• Tetrahidrocannabinol (THC)
• Benzodiacepinas
• Fenciclidina o cocaína

No obstante, la fiscal aclaró que las cantidades encontradas no representan un riesgo grave para la salud, y que en ningún caso se ha acreditado la comisión de delitos mayores como secuestro o violencia sexual. Solo seis casos reportaron posibles robos.

Más de 5 mil policías vigilan el Metro y otras rutas

Desde que comenzaron a registrarse los reportes, el gobierno de la Ciudad de México activó un protocolo de atención inmediata, que incluye pruebas toxicológicas y atención médica para víctimas que reportan haber sido pinchadas.

Además, se reforzó la seguridad con el despliegue de 5 mil 800 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), enfocados principalmente en el Metro y otros sistemas de transporte público.

Buscan penas de hasta cinco años de prisión

La administración capitalina también anunció la presentación de una iniciativa de ley para tipificar como delito la administración de sustancias de forma encubierta o mediante engaño.

Esta propuesta contempla penas de 2 a 5 años de cárcel, así como multas que van de 50 a 300 días de salario mínimo, con el objetivo de castigar actos que atenten contra la integridad física y emocional de las personas usuarias del transporte público.