Alerta Fiscalía del estado por posible fraudes inmobiliarios

Debido a crecientes reportes de negligencia, omisiones y presuntos fraudes en transacciones de bienes raíces, se ha solicitado formalmente a la Fiscalía de Nuevo León intervenir en diversas notarías públicas. 

La denuncia busca frenar la inseguridad jurídica que afecta a los compradores y vendedores en la entidad.

Se trata de las Notarías número 58, 28, 88 y 132, así como otras instancias involucradas en procesos de compra, venta y regularización de viviendas.

Y es que la directora general de Grupo 8 11 Soluciones y responsable de la división 8 11 Abogados, María Alicia Álvarez Macías, explicó que los casos documentados se arrastran desde hace varios años.

Todos los casos coinciden en que las operaciones fueron formalizadas ante notarios públicos que, con el paso del tiempo, derivaron en conflictos legales, adeudos no previstos o inconsistencias en escrituras y registros.

Ante esta situación con las Notarías Públicas ubicadas en Monterrey, Álvarez Macías hizo un llamado al fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldivar, para que investiguen y determinen responsabilidades.

Uno de los testimonios presentados fue el de Álvaro Sánchez, quien relató que adquirió una vivienda en 2019 mediante un crédito del Infonavit y que la operación fue formalizada en la notaría número 58, donde el expediente se extravió.

Aunque en su momento recibió un certificado que acreditaba que el inmueble estaba libre de gravamen, posteriormente se detectó un adeudo millonario a favor de una institución bancaria. 

Luego de seis años, Sánchez continúa pagando el crédito sin contar con certeza jurídica plena sobre la propiedad.

Otro caso corresponde a Diana Mejorado, quien en 2021 firmó documentos y comenzó a cubrir un financiamiento del Infonavit para la adquisición de una casa en García.

Pero el inmueble nunca fue construido; a pesar de ello, en el Registro Público, encontró una escritura emitida por la notaría número 88, lo cual podría resultar en un fraude, siendo que ella no realizó dicha documentación y que no cuenta con su firma y no hay coincidencia en la información que ahí se presenta.

Un caso más fue el de Jesús Lara, quien vendió una propiedad en Juárez y denunció que en la notaría número 28 realizó una operación de compra-venta a pesar de no ser autorizado por la financiera que dio el crédito para este proceso.

El problema es que el comprador no continuó con los pagos y, ante el incumplimiento, Lara enfrenta demandas y adeudos a pesar de ya no habitar la propiedad.

Por último, Amparo Torres explicó en la querella que fue víctima de una presunta suplantación de identidad al intentar cancelar el gravamen ante la notaría número 132 y argumentó que no se arregló el problema.