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Nuevo León

Niegan amparo a José Lobatón, dueño de Proyectos 9

Lobatón estaba buscando protección de la justicia para evitar ser detenido en caso de que así lo determinara un juez, en caso de que se le vinculara a proceso


  • 30
  • Abril
    2026

El amparo promovido el pasado 21 de abril por el dueño de la desarrolladora inmobiliaria Proyectos 9, José Lobatón Bernard, fue rechazado por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, radicado en Nuevo León.

La suspensión definitiva, cuyo expediente 297/2026, fue rechazada en una audiencia realizada este miércoles, pero publicada este jueves en el portal de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal.

Lobatón estaba buscando la protección de la justicia federal para evitar ser detenido en caso de que así lo determinara un juez, en caso de que se le vinculara a proceso tras las audiencias de imputación.

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“Actos reclamados específicos: La orden de aprehensión y detención girada en nuestra contra; 4.2, la orden de arresto y /o presentación librada en nuestra contra; 4.3, la orden de comparecencia y/o cualquier otra restrictiva de la libertad deambulatoria...

“Resuelve único: Se niega a la parte quejosa, la suspensión definitiva que solicita, respecto de las autoridades destacadas en el considerando segundo de esta interlocutoria”, indica la resolución del juez.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya habían indicado que, aunque el juez le hubiera concedido la suspensión definitiva, de todas formas se hubieran llevado a cabo las audiencias de imputación, de las que la primera está programada para el 6 de mayo.

De hecho, el miércoles, el vicefiscal, Luis Enrique Orozco, indicó que no veía factible que un juez amparara a Lobatón porque ni siquiera se ha girado orden de aprehensión, que es lo que él reclamaba.

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“El recurrió a la justicia federal reclamando una orden de aprehensión que me parece que no existe; por eso continuará la investigación su curso”, indicó Orozco.

Aunque Lobatón había obtenido inicialmente una suspensión provisional, la autoridad judicial decidió retirarla, dejando la vía libre a la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La Fiscalía reveló que el caso ya acumula más de 100 denuncias de afectados y que el daño patrimonial estimado ronda los $400 millones de pesos.

Informaron que se han programado al menos 10 audiencias iniciales, las cuales comenzarán a desahogarse a partir del 6 de mayo.


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