El 10 de noviembre de 1985 se llevaron a cabo en Monterrey los comicios locales. Se esperaba un ambiente de tranquilidad, debido a que la policía estatal resguardaría los puntos donde se localizaban las 638 casillas en que estaban distribuidos los cinco distritos de la ciudad. Pese a estos factores favorables, la prensa registró un rotundo abstencionismo, al no votar ni siquiera el 30% del padrón electoral; aunque, según los dirigentes priistas, votó más de la mitad de los ciudadanos empadronados. Veámoslo a continuación.
Sobre el desarrollo del proceso electoral hubo visiones encontradas. El gobernador Jorge Treviño aseguró que las irregularidades no fueron significativas, porque se habían tomado medidas preventivas para evitar las acusaciones sin fundamento. El presidente de la Comisión Estatal Electoral, Lucas de la Garza, reportó algunas anomalías en las casillas, “pero nada con urgencia que alterase los resultados”. El también secretario de Gobierno reconoció que se habían incautado 1,340 credenciales, las cuales no contaban con firma ni huella digital. El caso se turnó a la Procuraduría de Justicia.
Los medios denunciaron varias irregularidades: en algunas casillas se permitió votar sin credencial y sin aparecer en el padrón; hubo robo de ánforas, ataques e insultos a reporteros por parte de porros y líderes de las centrales obreras; paquetes de votos a favor del PRI; cambio repentino del domicilio de las casillas y otras que nunca abrieron; retraso en la instalación de las urnas; suplantación de funcionarios de casilla, e impedimento para que los panistas fungieran como tales en varios distritos. Estas fueron algunas de las más recurrentes.
Por la tarde, tanto el PRI como el PAN se proclamaron triunfadores en Monterrey, San Pedro y San Nicolás. La oposición lamentaba el abstencionismo vivido, en tanto que el PRI celebraba el carro completo al declarar haber ganado en los 51 municipios. A la medianoche, los priistas aseguraron que Luis M. Farías había obtenido 64,762 votos contra 33,178 del PAN, en 458 casillas computadas. En contraste, el panista José Luis Coindreau dijo haber obtenido 37,044 votos contra 29,632 de su oponente tricolor, con el 60% de las casillas computadas. A la mañana siguiente, la columna Makiavelo señalaba que Acción Nacional había sido el gran perdedor de la jornada, debido a que no habían ganado ni una sola posición. Tal vez habría sido la selección de candidatos, el pacto empresarial con el sistema o la no participación de Fernando Canales Clariond en algún puesto de elección popular.
El 11 de noviembre se realizó la junta computadora en el Gimnasio Nuevo León. El resultado final del escrutinio fue: PRI, 85,718 votos; PAN 45,195, dándole el triunfo a la planilla encabezada por Luis M. Farías para el trienio 1986-1988. Una vez concluida la citada junta, Coindreau exigió que se hicieran públicos, uno por uno, los resultados de las actas de escrutinio, porque aseguró que existía incongruencia en los resultados. Dijo que resultaba inverosímil que al PRI se le otorgaran 80 mil votos contra 40 mil del PAN, cuando el blanquiazul tenía en su poder 586 de las 648 actas de escrutinio, que indicaban que el partido tricolor no obtuvo ni siquiera 50,000 sufragios, mientras que el albiazul tenía ventaja de un 10%. Agregó que presentarían las impugnaciones de 50 casillas ante el Congreso estatal, siendo su estrategia agotar primero los recursos legales, y segundo, los medios políticos de gestión, acto público y presiones internas. Por la noche, en la Explanada de los Héroes, ante aproximadamente 3,500 simpatizantes, Luis M. Farías celebró su triunfo como alcalde electo de Monterrey.
El día 12, Coindreau, junto con los excandidatos del área metropolitana, inició el procedimiento de impugnación ante el Congreso local para anular las casillas en las que presuntamente hubo fraudes y abultamientos de votos. Destacó que contaba con 102 impugnaciones sustentadas para demandar la nulidad de la elección. El día 17, iniciaron un plantón afuera del Palacio Legislativo como medida de presión para que los diputados rectificaran los resultados arrojados por las juntas computadoras de las elecciones del 10 de noviembre.
El 21 de noviembre, la Comisión de Gobernación del Congreso, presidida por el diputado priista Everardo Salinas Alanís, dio a conocer al pleno el dictamen sobre la solicitud presentada por José Luis Coindreau, determinando que no había pruebas suficientes para anular la votación en las casillas señaladas. Se resolvió que el resultado de la junta computadora de Monterrey era válido, por lo que Luis M. Farías seguía siendo alcalde electo de la ciudad para el trienio 1986-1988. El dictamen fue aprobado por la mayoría de los legisladores. Después de la sesión, un grupo de simpatizantes panistas bloqueó las calles afuera del Congreso hasta la medianoche; aventaban sillas y gritaban insultos. Ese mismo día, un periódico local publicó un reportaje donde se demostraba que en seis actas de escrutinio, de 19 analizadas, se había alterado el número de votos a favor del PRI.
El “no” del Congreso a la petición panista de impugnar las elecciones provocó reacciones en los sectores empresariales de la ciudad. La CANACO, en voz de su presidente Gerardo Garza Sada, advirtió al órgano legislativo “que no jugara con lumbre, porque despertaría la violencia de los ciudadanos a quienes no se les respeta sus derechos”. Por su parte, el director del Centro Patronal, Luis Enrique Grajeda, aseguró que el Congreso del Estado “no cumple con su función, ya que debe estudiar todos los señalamientos de errores y fraudes que cualquier partido político hizo respecto a las elecciones municipales”.
El 23 de noviembre, Coindreau citó a rueda de prensa para informar que, tras agotar todos los medios legales para que se le reconociera su triunfo, buscaría entrevistarse con el presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, para mostrarle las evidencias del fraude cometido en Monterrey, esperando que las elecciones volvieran a realizarse, lo cual nunca sucedió.
El 1 de enero de 1986, Luis Marcelino Farías y Martínez tomó protesta como alcalde de Monterrey, para el trienio 1986-1988. De esta forma concluyó el proceso electoral de 1985, donde nuevamente la voz de fraude electoral volvió a sacudir las entrañas de la sociedad regiomontana.