La ambición de los políticos no tiene límites, cuando están en el poder aprovechan al máximo el manejo de los recursos públicos para obtener beneficios ilícitos, sobre todo en lo relativo a la concesión de los servicios primarios, como es el caso del municipio de Monterrey, veámoslo a continuación.
De acuerdo al Artículo 4º. del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey, los servicios públicos municipales serán prestados directamente por el Municipio, pero podrán, previo acuerdo del Ayuntamiento, concesionarse a personas físicas o morales cuando no se afecte a la estructura y organización municipal o se contravenga alguna disposición legal.
Entre los servicios públicos que le compete llevar a cabo se encuentran: limpieza de áreas públicas, vías y alcantarillas; drenaje pluvial; alumbrado público; ornato, reforestación, conservación y rehabilitación de parques, plazas, jardines y camellones; reparación y mantenimiento de la vía pública, entre otros.
Cuando fui alcalde de Monterrey (2006-2009), los servicios públicos referidos eran realizados por personal del municipio, quienes contaban con capacitación, equipo moderno y experiencia, lo que nos permitió repavimentar en su totalidad 120 colonias, mantener en buen estado todas las luminarias y dar mantenimiento continuo a parques, jardines y monumentos.
Para no afectar el tráfico diurno, se programaba en turno nocturno el bacheo de avenidas, la limpieza de calles con barredora móvil, quitar el grafiti, entre otras actividades. Con esto se evitaba afectar a la gente en su vida diaria, a los automovilistas y locatarios aledaños. Gracias a un Programa de Respuesta en 24 Horas, atendíamos de inmediato los reportes de luminarias apagadas, baches, grafitti, escombro o animales muertos. Por eso las colonias estaban iluminadas, no había baches y las áreas verdes eran centros de convivencia para las familias.
Sin embargo, las administraciones que me sucedieron paulatinamente dejaron de encargarse de los servicios públicos, cohesionándolos a empresas privadas, cuyos contratos se realizaron en “fast track” en cantidades millonarias, por plazos que rebasan los 10 años.
Esta prestación de servicios se ha caracterizado por la falta de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Las autoridades municipales han privilegiado el interés privado por encima del bien común. No han impuesto sanciones a las empresas privadas por los incumplimientos, que están a la vista de todos; la respuesta de las autoridades municipales a las quejas de los ciudadanos ha sido nula.
El caso de mayor opacidad y despilfarro es el relativo a las luminarias, servicio que fue concesionado a la empresa Sola Basic de la familia Aldape, durante la administración de Adrián de la Garza, por un periodo de 10 años, con un contrato que rebasa los $1,500 millones de pesos.
Desde un inicio el servicio brindado presentó fallas técnicas y dudas sobre el manejo de los recursos. Hoy muchos circuitos están apagados y en el mejor de los casos las luminarias sólo simulan estar encendidas, no dan iluminación suficiente, están de adorno porque son “chafas”; este es el escenario que priva en las colonias populares.
En contraste, en los sectores de clase alta las lámparas sí iluminan como debe ser. ¡No se vale discriminar a tanta gente y todo por los intereses oscuros de políticos y empresarios sin escrúpulos! A la empresa le conviene que las luminarias estén apagadas para pagar menos consumo de energía, no gasta en personal para atender los reportes y ninguna autoridad la reconviene por el mal servicio, al contrario, el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas mantuvo la concesión sin ninguna objeción.
Debido a estos malos manejos, las colonias del municipio son un caos: las calles tapizadas de baches, sin iluminación y las plazas parecen selvas. La gente está desesperada, me dicen que no contestan sus reportes y cuando toman su llamada les dicen que no pueden atender de momento su queja.
La falta de respuesta por parte de Servicios Públicos sólo tiene una explicación: como el municipio ya no da ese servicio, no tiene personal para atender las fallas y la empresa que tiene la concesión y, por lo tanto, la obligación de acudir a resolver los problemas, no quiere gastar en personal, trata de invertir lo menos posible para que la concesión sea un jugoso negocio, además nadie la reconviene, porque las autoridades municipales están coludidas con esos contratos leoninos. ¡Esto se debe de acabar! No se puede seguir poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de las familias regiomontanas, ni despilfarrar las finanzas municipales.
Hay que decirlo claramente: en los últimos 15 años las empresas concesionarias y los funcionarios regiomontanos se han servido con la cuchara grande a costa del presupuesto municipal. No sólo se han coludido para hacer negocios ilícitos, sino además ese manejo perverso de los recursos evita que los servicios primarios se lleven a cabo con eficacia, siendo los ciudadanos los que son doblemente perjudicados: se malgasta su dinero y no se les atienden sus demandas de iluminación, pavimentación, conservación de parques y áreas verdes, entre otras.
Un gobierno humanista revisaría y nulificaría los actos administrativos que quebrantan la ley en beneficio de intereses privados, pero como este gobierno está bajo el signo del Instagram lo único que le interesa es derrochar el dinero de la gente en publicidad para impresionar a su audiencia.
En conclusión, deben de cancelarse todos las concesiones que sean negocios turbios y sancionar a quienes hacen mal manejo de los recursos públicos, que son para el bienestar de lo único que importa: la gente.