Armando Castilla advierte uso de sistema penal para extorsión

El director general del periódico Vanguardia, Armando Castilla Galindo, advirtió que su detención en Nuevo León no es un hecho aislado, sino parte de un patrón creciente de uso del sistema penal para fines de extorsión y presión ilegal, facilitado —dijo— por fallas estructurales en fiscalías y juzgados de control tras las reformas al Poder Judicial.

Como se recordará Castilla Galindo  fue detenido el viernes 9 de enero en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, “Mariano Escobedo” cuando se disponía a abordar un vuelo doméstico con destino a Guadalajara, acompañado de su esposa.

En ese momento desde el primer filtro de seguridad, varias personas se le acercaron, confirmaron su identidad y le informaron que existía una orden de aprehensión en su contra por un presunto delito de fraude.

Mediante un operativo de gran magnitud conformado por elementos ministeriales que esperában en distintos puntos de la terminal aérea, Armando Castilla Galindo fue detenido y privado de su libertad durante aproximadamente 36 horas.

Durante ese lapso fue ingresado a un centro de reclusión, pese a contar con documentación oficial que desmentía los hechos que se le imputaban.

El sábado 10 de enero, un juez de control del Poder Judicial de Nuevo León ordenó su liberación inmediata, al determinar que no existían pruebas suficientes para vincularlo a proceso por el delito señalado, por lo que fue liberado sin medidas cautelares.

A partir de ese episodio, el directivo de Vanguardia advirtió que su caso evidencio una red de contubernio entre fiscalías, jueces y despachos privados con influencia, lo que -dijo- pone en riesgo el Estado de derecho y la certeza jurídica en el país, donde ciertas reformas y prácticas dentro del sistema judicial han abierto la puerta a denuncias fabricadas.

Existen antecedentes desde hace dos décadas

Castilla Galindo señaló que este tipo de prácticas no se limitan a Nuevo León ya que existen antecedentes desde hace más de dos décadas, particularmente en el norte del país, donde conflictos de carácter mercantil o civil son llevados al ámbito penal como forma de presión, generando procesos fabricados.

Tras el hecho el empresario coahuilense sostuvo una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien —señaló — mostró preocupación por el crecimiento del delito de extorsión, especialmente cuando se articula desde procesos penales que pueden derivar en presiones económicas para obtener la libertad, incluso desde centros penitenciarios.

En este sentido destacó que otro punto central de su caso,  es el el riesgo que representa la descalificación de pruebas digitales en procesos judiciales. Explicó que al presentar evidencias como fotografías, videos y registros oficiales de viajes fueron, sus pruebas fueron desestimadas bajo el argumento de que podrían haber sido generadas mediante inteligencia artificial, lo que abre un vacío legal que puede dejar a personas inocentes sin defensa efectiva.

Castilla Galindo adelantó que emprenderá acciones legales contra quienes resulten responsables de la denuncia que originó su detención, al considerar que mentir ante la autoridad para provocar una orden de aprehensión constituye un delito grave y no descartó que servidores públicos involucrados deban ser investigados.

Finalmente, advirtió que estos hechos debilitan el Estado de derecho y generan incertidumbre entre empresarios, inversionistas y sociedad civil, al romper la certeza de que la ley se aplique de manera imparcial, por lo que llamó a que las instituciones garanticen procesos legales sustentados en pruebas reales y no en acusaciones sin fundamento.

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