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Se desploma inversión en obras y toca su peor nivel en 15 años
Los recursos destinados en el país a carreteras, hospitales y escuelas sufrieron una caída de 35% respecto a los $1,167 miles de millones registrados en 2010
Por Bianca Cortés | 16 Julio 2026
La inversión física en México, que abarca recursos que se destinan a bienes e infraestructura en rubros como carreteras, hospitales, vivienda y escuelas, se desplomó en 2025 para tocar su nivel más bajo de los últimos 15 años, al ubicarse en $755,000 millones de pesos, una caída de 35% respecto a los $1,167 miles de millones de pesos registrados en 2010.
De acuerdo con un estudio presentado por Pedro Aspe Armella, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, ante jóvenes mexicanos de posgrado del Massachusetts Institute of Technology (MIT), la inversión física federal alcanzó su nivel más alto en 2012, con $1,250 miles de millones de pesos, pero desde entonces inició una tendencia a la baja hasta representar en 2025 apenas 2% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del 3.5% al 4% que destinan en promedio los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El reporte indica que, si se comparan los datos de 2025, es decir, $755,000 millones de pesos contra los $780,000 millones de pesos de 2024, la disminución es de 3.2 por ciento.
En ese contexto, Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), comentó que “el resultado de esa ecuación no es complicado de calcular: menos inversión hoy significa menos capacidad productiva mañana”.
La especialista explicó que la inversión privada acumula varios meses de caídas anuales y que la inversión pública fue sacrificada para destinar recursos al gasto corriente, convirtiéndose en la variable de ajuste presupuestal.
Los especialistas consideran que una menor inversión física limita la capacidad productiva del país y reduce el potencial de crecimiento económico en los próximos años.
Al respecto, en entrevista con El Horizonte, Edgar Luna, director del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la UANL, dijo que el gobierno ha priorizado otras áreas, por lo que el gasto en infraestructura ha quedado rezagado.
“(Como gobierno) tienes programas sociales que se han incrementado y que, pues, tienes que ver hacia dónde gastas”, señaló.
Relación con deuda pública
La deuda pública, mientras tanto, se acerca al 60% del Producto Interno Bruto (PIB), un umbral que no se había visto en México desde hace casi cinco décadas y que históricamente ha precedido pérdidas del grado de inversión en otras economías emergentes.
La deuda es una gran herramienta si se usa bien, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Si esos recursos se usaran para fondear proyectos productivos que le permitieran a México crecer, no representaría ningún problema ese porcentaje, explicó.
“Hemos visto, en el pasado muy reciente, gastos importantes registrados como inversión que simplemente le están costando a México mucho más de lo que le dan. Elefantes blancos con costos al erario y hasta al medio ambiente”, indicó.
Piden brindar certidumbre
Aunque el gobierno federal plantea movilizar $5.6 billones de pesos en inversión mixta a través del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, representantes de la iniciativa privada advirtieron que la materialización de esos recursos dependerá de que existan mayores condiciones de certeza jurídica y regulatoria.
Instituciones como BBVA México, Multiva, Sura Investments y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) coincidieron en que el proyecto puede impulsar el crecimiento económico y atender el rezago en infraestructura; sin embargo, señalaron que “es indispensable contar con reglas claras, seguridad y mecanismos efectivos para la resolución de controversias, debido a que se trata de inversiones de largo plazo”.
Además, especialistas indicaron que “el éxito del plan dependerá de que los proyectos cuenten con una adecuada planeación, contratos bien estructurados y continuidad más allá de los periodos de gobierno, condiciones que permitirían atraer mayor capital privado y detonar inversiones productivas en el país”.