Corte permite seguir operando centro migratorio en Florida

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos autorizó que el centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz” continúe operando en Florida, al revocar una orden judicial previa que había determinado su cierre temporal tras una demanda ambiental.

La decisión permite que el recinto, ubicado al oeste de Miami, permanezca abierto y reciba nuevos detenidos, en medio de la controversia por su impacto ecológico.

El tribunal determinó que los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee no lograron demostrar que el centro estuviera bajo control federal, condición necesaria para exigir una evaluación de impacto ambiental conforme a la legislación estadounidense.

Los jueces señalaron que el complejo fue financiado con recursos estatales, por lo que concluyeron que no estaba obligado a someterse a dicho análisis.

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En ese sentido, consideraron que la jueza federal Kathleen Williams excedió sus atribuciones al ordenar el cierre del sitio en agosto pasado.

Ubicación en zona sensible

El centro se encuentra en una zona cercana a los Everglades, una región caracterizada por su biodiversidad y la presencia de especies endémicas, lo que motivó las acciones legales de organizaciones ambientalistas.

Estas agrupaciones argumentan que la construcción del recinto, realizada de forma acelerada en julio, debió someterse a estudios ambientales por su posible impacto en el ecosistema.

Tras el fallo, organizaciones como Friends of the Everglades anunciaron que continuarán la batalla legal para intentar frenar la operación del centro.

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Su directora ejecutiva, Eve Samples, calificó la instalación como un “despilfarro” y un “ataque flagrante” contra el medio ambiente, y adelantó que buscarán nuevas vías legales para lograr su cierre.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha defendido el proyecto desde su inicio, insistiendo en que fue financiado con fondos estatales y forma parte de la estrategia para gestionar la migración en la entidad.

Mientras tanto, persisten cuestionamientos sobre la falta de transparencia en el centro, ya que no se ha dado a conocer públicamente el número de personas detenidas en sus instalaciones.

El caso continúa abierto en los tribunales, en un contexto de tensión entre políticas migratorias, protección ambiental y competencias legales entre distintos niveles de gobierno en Estados Unidos.