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Francia alista prohibición del uso de celulares en escuelas
Desde 2018, los teléfonos móviles están prohibidos en los establecimientos escolares franceses para estudiantes de hasta 15 años
Por Diana Valeria Leyva | 24 Agosto 2026
El Gobierno de Francia abrió la posibilidad de prohibir el uso de teléfonos celulares en los institutos escolares a partir de septiembre, una medida que podría alcanzar a unos dos millones de estudiantes de aproximadamente 3,700 centros educativos.
La iniciativa forma parte de una nueva legislación impulsada por el presidente Emmanuel Macron para reforzar la protección de los menores frente al impacto y carácter adictivo de las redes sociales.
La portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, señaló que la prohibición podría comenzar a aplicarse con el nuevo ciclo escolar.
“La prohibición de los teléfonos móviles en los institutos podrá ser efectiva desde el inicio del curso escolar con un marco jurídico estable, consolidado y legislativo”.
Desde 2018, los teléfonos móviles están prohibidos en los establecimientos escolares franceses para estudiantes de hasta 15 años. Sin embargo, en los institutos no existía una prohibición general y cada plantel podía establecer sus propias reglas.
Esta situación generó diferencias entre los centros educativos y dificultades para sancionar a los estudiantes cuando los reglamentos internos eran cuestionados o no establecían claramente las restricciones.
La nueva legislación permite establecer una prohibición general para los institutos.
Macron deberá ajustar la ley sobre redes sociales
La legislación también contemplaba inicialmente prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 15 años, pero el Consejo Constitucional rechazó esa disposición en agosto al considerar que podía vulnerar la libertad de expresión.
Ante ello, Macron pidió al Gobierno encabezado por el primer ministro Sébastien Lecornu modificar la norma para ajustarla al marco constitucional.
Bregeon explicó que Lecornu analiza las modificaciones y señaló que Macron pretende contar con un marco jurídico estable para la primavera de 2027, con el objetivo de reforzar la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados con las redes sociales.