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Minnesota demanda a Texas para extraditar a agente de ICE
El fiscal Keith Ellison busca que Greg Abbott entregue a Christian Castro, acusado de herir a un hombre durante una redada migratoria
Por Emiliano Gutiérrez | 18 Agosto 2026
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, presentó una demanda contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, con el objetivo de forzar la extradición de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acusado de herir a un hombre y posteriormente mentir para justificar el tiroteo ocurrido durante las redadas migratorias en Minneapolis.
Ellison solicitó a un juez federal que impida al jefe policial del condado de Cameron, Texas, liberar al agente Christian Castro y que ordene a Abbott firmar la orden de extradición para que las autoridades de Minnesota puedan asumir su custodia.
El conflicto ocurre en medio de las diferencias entre Minnesota y el Gobierno federal sobre la jurisdicción para investigar y procesar a agentes federales por hechos ocurridos durante el desempeño de sus funciones. Ellison es demócrata, mientras que Abbott es un aliado republicano del presidente Donald Trump.
Castro, de 52 años, fue detenido en Texas en mayo por cargos presentados en Minnesota por agresión y denuncia falsa de un delito, derivados de un incidente ocurrido el 14 de enero, cuando Julio César Sosa Celis resultó herido de bala.
De acuerdo con la acusación, Castro disparó a través de la puerta de una vivienda en Minneapolis y alcanzó a Sosa Celis en una pierna. Posteriormente, el agente habría acusado falsamente a Sosa Celis y a otro hombre de atacar a un agente de ICE con el mango de una escoba y una pala para nieve.
Minnesota teme que el agente pueda escapar a México
Ellison advirtió que Castro podría quedar en libertad incluso a partir del 26 de agosto, al cumplirse 90 días de su detención conforme a la legislación de Texas.
El fiscal general también expresó preocupación de que, una vez liberado, el agente pueda huir hacia México, debido a que se encuentra recluido en una ciudad fronteriza.
Según la demanda, Castro ha mantenido llamadas telefónicas desde prisión con una mujer en México, con quien habría hablado sobre casarse y comprar una casa en ese país después de recuperar su libertad.
La oficina de Ellison sostiene que, si Castro llega a México, podría ser difícil localizarlo y detenerlo nuevamente, además de que un eventual proceso de extradición internacional podría retrasar todavía más el caso.
“Christian Castro ha sido acusado de violar la ley en Minnesota. Debe enfrentar a la justicia en Minnesota”, afirmó Ellison, quien consideró que Abbott está obligado a conceder la solicitud de extradición.
La disputa también ha adquirido una dimensión política. Abbott declaró que no tiene intención de responder por ahora a las solicitudes de extradición de Minnesota y vinculó su postura con las investigaciones sobre presunto fraude en programas gubernamentales de servicios sociales de ese estado.
“No voy a responderles en absoluto hasta que den un paso al frente y hagan lo correcto y reconozcan su responsabilidad en el fraude que tuvo lugar”, sostuvo Abbott durante una conferencia de prensa en Austin.
Expertos ven sólido el argumento de Minnesota
La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, señaló que Texas ha extraditado sin incidentes a Minnesota a tres personas acusadas en otros casos desde el arresto de Castro.
En la demanda presentada ante un tribunal federal de Texas, Ellison también citó un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1987 que establece que el cumplimiento de la cláusula constitucional de extradición es obligatorio y no deja al gobernador del estado donde se encuentra detenido un acusado la facultad de negarse discrecionalmente.
Peter E. Larsen, profesor asistente de la Facultad de Derecho Mitchell Hamline, consideró que el argumento de Minnesota se basa en un principio legal sencillo: los estados deben entregar a personas acusadas de delitos cuando otro estado presenta una solicitud válida de extradición.
El académico señaló que la decisión de Abbott de vincular la extradición de Castro con investigaciones de fraude no relacionadas podría fortalecer todavía más la posición legal de Minnesota.
Hasta el momento se desconoce si Castro cuenta con un abogado que pueda hablar públicamente en su nombre. Los registros judiciales de Minnesota y los registros de la cárcel del condado de Texas no incluían a un defensor.
Autoridades federales califican el caso de 'maniobra política'
El caso se originó por un operativo en Minneapolis en el que Castro y otro agente persiguieron a un hombre identificado como Alfredo Alejandro Aljorna hasta el dúplex donde vivía junto con Sosa Celis.
Las autoridades de Minnesota señalaron que ambos hombres se encontraban legalmente en Estados Unidos. Inicialmente, las autoridades federales los acusaron de golpear a un agente, pero un juez federal posteriormente desestimó los cargos.
Tras ello, ICE y el Departamento de Justicia abrieron investigaciones para determinar si los agentes federales habían mentido sobre lo ocurrido.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos calificó el procesamiento de Castro como “ilegal” y una “maniobra política”, al sostener que únicamente las autoridades federales tienen jurisdicción sobre el caso.
La disputa forma parte de un enfrentamiento más amplio entre las autoridades de Minnesota y el Gobierno de Trump por las investigaciones relacionadas con los operativos migratorios en Minneapolis, después de las muertes a tiros de Renee Good y Alex Pretti.
Moriarty también demandó al Gobierno federal para obtener acceso a pruebas relacionadas con esos casos, documentos que fueron entregados por fiscales federales el mes pasado.