Inicio / Internacional / Solicitan frenar ley de Arizona contra inmigrantes indocumentados
Solicitan frenar ley de Arizona contra inmigrantes indocumentados
Organizaciones civiles pidieron bloquear una norma que convierte en delito estatal la entrada o permanencia irregular en Arizona
Por Ángeles Núñez | 10 Julio 2026
Grupos de defensa de derechos civiles solicitaron a un tribunal federal suspender la entrada en vigor de una disposición de Arizona que establece como delito estatal que inmigrantes indocumentados ingresen o permanezcan en el territorio.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) informó este viernes que presentó una demanda para impedir la implementación de la Sección 5 de la Proposición 314, cuya aplicación está prevista para el próximo martes.
La organización argumenta que la medida viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, la cual establece que la regulación migratoria corresponde al gobierno federal.
La norma fue aprobada en 2024
La Proposición 314 fue aprobada por la Legislatura de Arizona en 2024 y posteriormente respaldada por los votantes del estado durante ese mismo año.
Sin embargo, la Sección 5 permaneció sin aplicarse mientras una legislación similar aprobada en Texas enfrentaba un proceso judicial.
La ACLU señaló que, sin una intervención de los tribunales, las autoridades policiales estatales y locales podrían comenzar a aplicar la disposición a partir del próximo martes.
Organizaciones advierten posibles violaciones a derechos civiles
La demanda fue presentada por la ACLU en representación del Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Florence (FIRRP).
Tara DeGeorge, directora legal de la ACLU de Arizona, afirmó que la Sección 5 permitiría a las autoridades participar en acciones que calificó como inconstitucionales.
"La Sección 5 es un permiso para que las autoridades locales y estatales participen en actos descaradamente inconstitucionales como discriminación racial, arrestos ilegales y detenciones ilegales", señaló en un comunicado.
La abogada advirtió que la aplicación de la norma podría generar afectaciones al sistema judicial de Arizona, aumentar la presión sobre las cárceles estatales y provocar violaciones al debido proceso.
La demanda presentada la noche del miércoles solicita una orden temporal que impida la entrada en vigor de la disposición mientras el caso continúa su proceso legal.
Los grupos civiles buscan que el tribunal analice la constitucionalidad de la medida antes de que las autoridades puedan comenzar a aplicarla.