Suspenden a agentes del ICE por muerte de Pretti en Mineápolis

Agentes federales de migración implicados en la muerte a tiros de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, fueron suspendidos de sus funciones como parte de los protocolos estándar mientras continúan las investigaciones, informaron medios estadounidenses este miércoles 28 de enero.

Investigación en curso

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que los agentes que dispararon durante el operativo fueron puestos bajo licencia administrativa.

Aunque no se precisó el número exacto de funcionarios involucrados, reportes indican que al menos dos agentes accionaron sus armas durante el incidente ocurrido el pasado 24 de enero en Mineápolis, Minnesota.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señaló que el caso se encuentra bajo revisión interna, mientras no se descarta la apertura de indagatorias independientes.

Versiones encontradas

Las autoridades federales afirmaron inicialmente que Pretti se acercó armado durante el operativo.

Sin embargo, videos difundidos por testigos muestran que el enfermero sostenía su teléfono móvil y no un arma visible durante gran parte del enfrentamiento.

La preservación de grabaciones de cámaras corporales y otras pruebas ha generado disputas legales entre agencias estatales de Minnesota y dependencias federales.

Indignación y protestas

La muerte de Pretti, quien trabajaba para el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, provocó protestas en Mineápolis, ciudad marcada por antecedentes recientes de violencia policial.

Se trata del segundo encuentro fatal entre agentes del ICE y ciudadanos estadounidenses en Minnesota en lo que va del mes.

Las manifestaciones también han reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales y las operaciones migratorias en ciudades consideradas santuario.

La suspensión de los agentes responde a los procedimientos habituales en casos de uso de fuerza letal. Hasta el momento, el DHS no ha emitido un posicionamiento adicional sobre posibles responsabilidades penales.

El caso continúa generando tensión política y social a nivel nacional, mientras familiares y activistas exigen transparencia y justicia.