Casos contra exfuncionarios 'Broncos' siguen sin avanzar

A pesar de que sobre sus espaldas cargan con demandas penales por quebrantos de miles de millones de pesos contra el erario estatal, y de que se les involucra en al menos otros 15 casos de corrupción, a los exsecretarios General de Gobierno, Manuel González, y de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, ambos exfuncionarios del “Bronco”, no se les ha tocado “ni con el pétalo de una rosa”.Ha pasado más de un año de que se presentaron las primeras querellas por desfalcos cometidos específicamente en contratos de $4,900 millones de pesos en el Isssteleon, donde se acusa que hubo tráfico de influencias, y ambos siguen “intocables”.Esto porque es fecha que el fiscal Anticorrupción de Nuevo León, Javier Garza y Garza, no los ha llamado a declarar, ni mucho menos imputado ante un juez por delitos de corrupción, pues sigue argumentado que el estado no le entrega “suficiente” información.Frente a esto, voces acusan que ha habido incapacidad y falta de voluntad de Garza y Garza para procesar a los excolaboradores del ‘Bronco’ por delitos que el gobernador, Samuel García, ha hecho públicos y ha denunciado formalmente.Líderes de opinión entrevistados por El Horizonte califican como “terrible” que en estos casos “reine la impunidad”, y piden a Garza y Garza mostrar voluntad para cumplir con su responsabilidad de atacar la corrupción, pues “esa es la chamba del Fiscal”, y no esperar “a que le caiga la información”.Y es que el 16 de octubre del 2021, la actual administración estatal presentó dos denuncias contra Manuel González Flores por la posible comisión del delito de tráfico de influencias por la contratación como proveedores en el Isssteleón y en Agua y Drenaje de Monterrey de sus sobrinos.En el caso de Vital, las dos denuncias fueron el 5 de febrero de 2022, por la compra irregular de vagones chatarra para el Metro y por el uso ilícito de atribuciones y facultades por revocar el acuerdo que delimitaba a las pedreras en municipios de García, Santa Catarina, Escobedo y El Carmen.En el caso de González Flores, el quebranto es por $520 millones de pesos en el caso de Isssteleón y $40 millones de Agua y Drenaje de Monterrey.En el de Vital es de $1,125 millones por la compra de los vagones del Metro que han dado problemas en su operación.Garza y Garza dijo vía mensajes de WhatsApp que los procesos siguen en investigación, pues gobierno del estado no ha concluido las auditorías en los entes públicos.En el caso de la denuncia que pesa sobre Vital por los vagones, no se han presentado a las personas extranjeras que intervinieron en la compra de los vagones, ya que la parte denunciante no las ha llevado.El Fiscal Anticorrupción aseguró que se han requerido los avances de la auditoría, pero que la respuesta que obtuvieron es que aún no ha sido terminada.“(Siguen) en investigación los denunciantes en Agua y Drenaje e Issteleón, no han cerrado la auditoría y en los vagones no han traído a personas extranjeras que intervinieron en la compra.“Se han requerido los resultados de la auditoría y nos dicen que todavía no terminan”, afirmó.Lo peor de todo es que la impunidad pinta para largo, pues dijo Garza y Garza que no hay fecha para concluir las indagatorias, ya que la ley no pone plazos.- Líderes exigen dar celeridad a indagacionesAnte ello, líderes de opinión calificaron de “terrible” que no se tengan avances en la investigación, e hicieron un llamado a dar celeridad a los casos.Ángel Quintanilla de Fortaleza Ciudadana dijo que ya van muchos meses en los que no ha “ocurrido nada” y lo que urge es que el fiscal indique que se requiere para terminar con este “episodio”.“Lo que está terrible es que pasen tantos meses sin que ocurra nada.“Hay que buscar la manera de que este episodio se acabe, porque si no da la sensación y la sospecha de que es más ruido que nueces”, consideró Quintanilla.Gilberto Marcos Handal, expresidente de Vertebra, criticó la integración de los expedientes y llamó a concretar sanciones, en caso de resultar culpables.“Si hay castigo que perseguir, pues deberíamos de luchar por eso, para que los funcionarios sean castigados de acuerdo a lo que marca la ley y con eso también evitar que otros en este gobierno, o en gobiernos posteriores cometan ese tipo de ilícitos, porque saben que puede haber un castigo“Mientras no haya castigos el tema de la corrupción, no se va a acabar”, concluyó el activista.

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