Nuevo León

Congreso busca 'rayarle' a Samuel su Constitución

Legisladores panistas y priistas quieren con reforma atribución de elaborar el presupuesto cuando el Ejecutivo no presente su propuesta.


  • 18
  • Diciembre
    2022

En un capítulo más del enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de Nuevo León, y luego de que el Estado “cerró” la administración para que Congreso no pudiera presentar su propia versión del presupuesto, ahora las bancadas mayoritarias del PAN y PRI preparan una “revancha”, que consiste en hacer modificaciones profundas a la “nueva” Constitución, que se le aprobó hace unos dos meses al gobernador Samuel García.Los diputados convocaron a sesionar este lunes a la Comisión de Puntos Constitucionales para analizar una propuesta de cambios que implican una fuerte reformulación de la actual carta magna de Nuevo León, la cual había sido apenas reformada el pasado 30 de septiembre por el propio Congreso y con el aval del Estado y el Poder Judicial.Dicha iniciativa de nueva reforma que se presenta ahora consiste en modificar 27 artículos de la Constitución estatal —muchos de los cuales cambiaron con la “nueva” Constitución de Samuel—, e incluye la pretensión de quitarle varias atribuciones al Ejecutivo, así como establecer nuevas reglas en materia del presupuesto y del esquema para que entren en vigor nuevos decretos y leyes, sin que se requiera la publicación en el Periódico Oficial del Estado, que depende de la administración estatal.Entre las reformas está también que sea el Congreso quien ratifique la propuesta del Poder Ejecutivo en la designación del secretario General de Gobierno, del titular del Órgano Interno de Control Estatal, así como del Titular y los servidores públicos de segundo nivel de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.Este proyecto es promovido por los legisladores del PAN, PRI y la diputada sin partido Jessica Elogia Martínez. Los 27 artículos a modificar son: 14, 26, 35, 37, 39, 46, 56, 66, 90, 91, 94, 96, 99, 125, 126, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 159, 162, 166, 198 y 204.De igual forma, los legisladores buscan con esta reforma que el Congreso tenga la atribución de elaborar el presupuesto, cuando el Ejecutivo no lo haya presentado en el tiempo establecido.Los diputados del PAN, PRI plantean que en los casos de que el Estado no publique los decretos de ley del Legislativo, se sancione con la destitución del funcionario encargado de no publicar dichos decretos.Además, proponen que para la vigencia las leyes y reformas que realice el Congreso baste con la publicación de su publicación en la Gaceta Oficial del Poder Legislativo y en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado de Nuevo León.“Presentar al Congreso del Estado, a más tardar el día quince de noviembre de cada año, las iniciativas de Ley de Ingresos y Ley de Egresos del año siguiente, proponiendo los arbitrios para cubrirlo. El incumplimiento del plazo previsto en esta disposición será considerado como falta administrativa grave…”, se señala en la propuesta de modificación del artículo 125.“Artículo 90.- Aprobada la ley o decreto, se enviará al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Si el Titular del Ejecutivo la devolviere con observaciones dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción, el Congreso del Estado estará en aptitud de discutir nuevamente la ley o decreto que, para ser aprobado de nuevo. En caso de no publicarse en el plazo antes señalado, procederá la remoción del funcionario responsable de dicha omisión”, se lee en el artículo a modificar.También se plantea que la designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa sea una atribución del Congreso y no del Ejecutivo estatal, como está actualmente.La reforma contempla, para la designación del nuevo fiscal de Justicia, no sea necesario el requisito de la carta de no antecedentes penales para comprobar que no ha sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal. Bastará la carta de bajo protesta de decir verdad.El proyecto de dictamen también propone que el patrimonio de los municipios, incluyendo los ingresos que integran su Hacienda Pública Municipal, sea inalienable, imprescriptible e inembargable. Por lo que el Estado no podrá retener a cuenta de créditos fiscales las participaciones, aportaciones, fondos ni cualquier otro ingreso que legalmente corresponda a un municipio.Plantean ‘blindar’ a las familiasDentro de las reformas que buscan las bancadas del PAN y del PRI a la nueva Constitución, están el establecer a la familia como la base fundamental de la sociedad, con el fin de que el estado tenga la obligación de protegerla y procurar su desarrollo.En la propuesta que analizará hoy la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local, se contempla modificar el Artículo 39 de la Constitución de Nuevo León para que el gobierno estatal vele y desarrolle el bienestar de las familias en el estado.En dicho articulado se establece que “Todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos e hijas, de forma segura”.Y se le agrega que “La familia constituye la base fundamental de la sociedad y el Estado tiene la obligación de protegerla y procurar su desarrollo”.De igual forma, se busca que las personas adultas mayores tengan derecho a un lugar de convivencia decoroso e higiénico para su atención y cuidado por parte de sus familias. Y que en los casos en que sus familias no puedan hacerse cargo de ellos, el Estado deberá contar con lugares de cuidado para su atención.Pretenden ‘prohibir’ recortes de agua, ¡aunque no haya agua!Ante la crisis de agua que se vivió este año en Nuevo León y que provocó cortes de agua, los diputados del PAN y el PRI afirman que buscarán evitar que se vuelvan a presentar cortes de agua, pero lo quieren hacer sólo “prohibiéndolo” mediante una reforma a la nueva Constitución, sin otros mecanismos que prevean mayores ahorros de agua.Bajo el argumento de que buscarán evitar que la ciudadanía se vea afectada con cortes de agua por días o incluso semanas, se busca reformar el artículo 46 de la carta magna del estado, con el que se da el derecho al servicio del agua, indicando que se deberá tener acceso de manera continua y diaria.


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