Urge se profesionalice la labor de la defensoría pública: Celia Alonso

“La última reforma registrada en este ordenamiento fue publicada en noviembre de 2016 y fue para establecer la posibilidad de que el Instituto pudiera firmar convenios o acuerdos con personas físicas o morales, públicas o privadas, para la obtención de apoyo en servicios periciales.

“El análisis de las cuentas públicas, que van del ejercicio 2011 a 2016, nos permiten confirmar que la situación al interior no es óptima para la prestación de los servicios a cargo del Instituto, pues el valor real de las aportaciones estatales ha venido cayendo, rompiendo con la tendencia al alza que se observaba”, indicó la diputada local.

Señaló que la Ley de la Defensoría Pública, a fin de lograr una cobertura suficiente y de calidad debe de otorgar:

1. La incorporación de los defensores públicos al servicio profesional de carrera;

2. El establecimiento de los siguientes derechos de los defensores públicos:

* La capacitación continua, gratuita y actualizada, particularmente en materia de violencia de género y protección a niñas, niños y adolescentes.

* Capacitación en lenguaje a señas y en lenguas indígenas;

* Apoyo para movilidad en el cumplimiento de sus funciones; y,

* Capacidad de gestión ante sus superiores jerárquicos.

3. Incorporación a la junta de gobierno del Instituto de los representantes del Instituto Estatal de las Mujeres y la instancia federal rectora en materia de protección y desarrollo de los pueblos indígenas; y,

4. Integración de los conceptos de calidad y perspectiva de género en sus funciones.

Comentarios