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Chiapas busca reforzar registro de deudores alimentarios

El planteamiento busca que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias tenga consecuencias más allá del procedimiento familiar

Por Sergio Villarreal | 18 Julio 2026

El Poder Judicial de Chiapas presentó ante el Congreso estatal una iniciativa para actualizar el registro de personas deudoras alimentarias y ampliar las consecuencias administrativas para quienes incumplan con el pago de una pensión.

La propuesta fue enviada por Juan Carlos Moreno Guillén, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, y presentada durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso celebrada el 15 de julio.

Registro incluiría incumplimientos de 60 días

El proyecto contempla inscribir en el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas a quienes acumulen 60 días o más sin cubrir la pensión correspondiente, ya sea de manera continua o mediante incumplimientos intermitentes.

La inscripción permitiría generar constancias para identificar si una persona aparece o no en el padrón, documentos que serían requeridos para determinados trámites, licencias, permisos y operaciones realizadas ante notarios.

Deudores enfrentarían restricciones para ocupar cargos

La constancia de no inscripción también podría solicitarse para registrar candidaturas a puestos de elección popular, recibir ciertos nombramientos en el servicio público o participar en procesos de selección para ocupar cargos como persona juzgadora.

El planteamiento busca que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias tenga consecuencias más allá del procedimiento familiar, al considerarlo una forma de violencia económica que afecta principalmente los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La reforma actualizaría un registro existente

Chiapas ya contempla desde 2012 un Registro de Deudores Alimentarios en su Código Civil. La legislación vigente considera morosa a una persona cuando deja de pagar durante más de 30 días continuos, mientras que la nueva iniciativa propone un periodo de 60 días, incluyendo adeudos acumulados de forma intermitente.

La reforma también busca coordinar el intercambio de información con autoridades estatales y con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. La inscripción podría cancelarse cuando la persona liquide completamente la deuda o garantice legalmente el cumplimiento de la pensión.

Para establecer el nuevo esquema se proponen modificaciones al Código Civil, al Código de Organización del Poder Judicial y a la Ley de Derechos del Estado. La iniciativa todavía no se encuentra vigente, debido a que deberá ser analizada, votada y, en su caso, publicada por el Congreso de Chiapas.

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