Marina del Pilar confirma autenticidad de audio filtrado

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó la autenticidad de un audio filtrado en el que sostiene una conversación con personas identificadas como supuestos asesores externos del FBI.

En la grabación se hace referencia a posibles señalamientos provenientes de Estados Unidos, así como a gestiones legales relacionadas con la recuperación de su visa.

En declaraciones a un medio local, Ávila Olmeda reconoció que el audio es real, pero aseguró que corresponde a intentos legales para solicitar una reconsideración por parte del gobierno de EUA, quien en mayo de 2025 le retiró la visa.

Según explicó, todas las acciones emprendidas se realizaron dentro del marco jurídico y con asesoría profesional.

Tras difundirse el audio, Ávila Olmeda afirmó que la versión sobre supuestos acuerdos en lo “oscurito” carece de sustento.

La mandataria estatal explicó que la llamada se desarrolló después de que un tercero se ofreciera para actuar como intermediario con el objetivo de facilitar contactos relacionados con su situación de visado.

En este sentido y de acuerdo a su versión, durante este proceso Ávila Olmeda contrató los servicios de un asesor legal en Estados Unidos para revisar las distintas alternativas disponibles.

Sin embargo, aseguró que dicho abogado ya no forma parte de su equipo legal y que la renuncia mencionada en la conversación telefónica nunca llegó a realizarse.

Por último, reiteró que cualquier comunicación con agencias de EUA se ha hecho de manera formal, transparente y en un contexto de cooperación entre el estado de Baja California y autoridades estadounidenses.

¿Qué revela la conversación difundida?

En el audio filtrado se escucha a diversos interlocutores plantear la posibilidad de gestionar una reunión en instalaciones del Consulado de Estados Unidos en Tijuana para tratar asuntos relacionados con eventuales sanciones o procedimientos administrativos.

Durante la conversación, la gobernadora expresa su interés en que cualquier acercamiento con autoridades estadounidenses se realizara a través de su representante legal, al considerar que era la persona que conocía a detalle los aspectos jurídicos del caso y quien podía dar seguimiento a las gestiones correspondientes.