Ven víctimas de fraude en NL largo camino hacia la justicia

Las denuncias por los megafraudes inmobiliarios y financieros en Nuevo León suelen convertirse en procesos largos, costosos y tortuosos para las víctimas, quienes enfrentan dificultades para obtener justicia y, sobre todo, recuperar el patrimonio que perdieron.

Aunque en varios casos la Fiscalía General de Justicia del Estado ha logrado detener a presuntos responsables, son pocos los afectados que han conseguido recuperar el dinero que invirtieron. Así, las denuncias pueden avanzar durante años sin que necesariamente se concrete la reparación del daño.

Durante los últimos tres años, en Nuevo León se han registrado 10 megafraudes que han afectado a más de 1,600 personas, con un monto global estimado de hasta $12,500 millones de pesos.

Detrás de estas cifras existen historias de personas que perdieron millones de pesos reunidos durante años de trabajo y ahorro para comprar una vivienda, emprender un negocio o invertir en instrumentos financieros que presuntamente les ofrecerían altos rendimientos.

Víctimas enfrentan años de trámites y procesos

Para algunos afectados, el camino para intentar recuperar su patrimonio se vuelve todavía más complejo al tener que cambiar de abogados ante la falta de resultados, lo que implica nuevos gastos sin la certeza de que sus casos avancen.

En algunos expedientes no se ha concretado la detención de los presuntos responsables, mientras que en otros, pese a que existen personas vinculadas a proceso, las víctimas continúan sin recibir la reparación del daño.

Si bien la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial de Nuevo León trabajan para garantizar una justicia pronta y expedita, todavía permanecen casos pendientes de resolución, por lo que los afectados siguen a la espera de que se esclarezcan los hechos, se determinen responsabilidades y, en su caso, recuperen sus recursos.

Compró una casa y nunca se la entregaron

Uno de estos casos es el de María Cecilia Blanco Maldonado, vecina de la zona Cumbres de Monterrey, quien denunció que la empresa Creare Desarrollos le defraudó $4 millones de pesos por una vivienda en el Fraccionamiento El Barrial, en Santiago, que adquirió en 2019 y que nunca le fue entregada.

Blanco Maldonado presentó su denuncia desde 2023 contra César Alejandro Pérez Jiménez, señalado como responsable de Creare Desarrollos, y asegura que el proceso le ha provocado daños emocionales y una fuerte afectación económica.

La afectada sostuvo que Creare Desarrollos habría operado en seis o siete fraccionamientos y que el monto total de lo presuntamente defraudado asciende a $3,000 millones de pesos.

También señaló que ha tenido que cambiar de abogados debido a que, pese a que su denuncia fue judicializada, no se ha logrado la vinculación a proceso del señalado. A esto se suman los gastos que ha tenido que realizar para mantener vigente su defensa legal.

El caso de Creare Desarrollos estalló públicamente en junio de 2023, aunque los hechos se remontan a años anteriores. El principal señalado actualmente se encuentra en prisión, aunque, de acuerdo con Blanco Maldonado, aún no ha sido vinculado a proceso por el caso específico de su vivienda.

Expertos piden mayor regulación para prevenir fraudes

Ante la proliferación de fraudes inmobiliarios y financieros, especialistas consideran que el problema no se limita a castigar a los responsables una vez que el daño ya ocurrió, sino que también es necesario cerrar los vacíos legales y fortalecer los mecanismos de supervisión.

El analista Eloy Garza señaló que estos casos reflejan una percepción cada vez más extendida de que las autoridades llegan tarde para impartir justicia, pero también evidencian la necesidad de establecer mayores controles para evitar que estos esquemas continúen operando.

Garza consideró necesario impulsar una mayor regulación y legislación tanto para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) como para los desarrollos inmobiliarios.

El especialista advirtió que estos esquemas pueden ofrecer a los inversionistas la expectativa de obtener rendimientos superiores, precisamente en entornos donde la supervisión puede resultar insuficiente.

Perdió $4 millones de pesos con dos financieras

Entre las víctimas también se encuentra el sampetrino Juan Carlos Villegas, quien asegura haber perdido alrededor de $4 millones de pesos en dos inversiones: $2 millones con Tamayo Capital y otros $2 millones con Trínitas.

Villegas explicó que en materia mercantil su caso presenta avances, aunque su principal preocupación actualmente se encuentra en la vía penal. Recientemente presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Alejandro Tamayo, propietario de Tamayo Capital.

El afectado indicó que las dos inversiones formaban parte de su patrimonio y que concentra sus esfuerzos en el caso de Tamayo Capital debido al tiempo y los recursos que le ha demandado.

Los casos de Blanco Maldonado y Villegas muestran una problemática que va más allá de las pérdidas económicas: para las víctimas, recuperar su patrimonio puede convertirse en un proceso de años entre abogados, trámites y audiencias, sin que una detención o un proceso penal implique necesariamente que el dinero perdido regrese a sus manos.