Internacional

Impone Trump sanciones contra 13 funcionarios de gobierno de Maduro

El gobierno del presidente Donald Trump impuso hoy sanciones contra 13 funcionarios del gobierno de Venezuela por su responsabilidad en la crisis política y por la comisión de delitos como violaciones a los derechos humanos y corrupción, con el fin de presionar al presidente Nicolás Maduro cuatro días antes de la elección de la Asamblea Constituyente


  • 26
  • Julio
    2017

La administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció hoy la imposición de sanciones contra 13 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela por su responsabilidad en la crisis política y en la comisión de delitos como violaciones a los derechos humanos y corrupción.

El gobierno estadounidense reiteró su advertencia de que los alcances de las sanciones que se han impuesto hasta ahora podrían ampliarse si el gobierno del presidente Nicolás Maduro persiste en llevar adelante la Asamblea Constituyente convocada para este domingo 30 de julio.

Los sancionados abarcan a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena Ramírez; al vicepresidente Elías Jaua; al ombudsman y presidente del Consejo Moral de Venezuela, Tarek William Saab; y a María Iris Varela Rangel, miembro de la comisión presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente y exministra de Asuntos Penitenciarios.

La administración Trump destacó las sanciones contra estos cuatro actuales oficiales y exintegrantes del gobierno, al señalar su activa participación en la celebración de la Asamblea Constituyente.

“Las sanciones les fueron impuestas por su asociación con el gobierno de Maduro, sus esfuerzos para socavar la democracia, saquear la nación para su beneficio personal y por reprimir violentamente a los venezolanos”, dijo un funcionario al precisar las razones de esta acción contra esos 13 venezolanos.

Otros sancionados son: el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol; el director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez Ampueda; el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Sergio Rivero Marcano; y el comandante del Ejército, Jesús Suárez Chourio.

También fueron impuestas sanciones a exfuncionarios como Franklin García Duque, exdirector de la Policía Nacional Bolivariana; Rocco Albisinni, expresidente del Centro Nacional de Comercio Exterior, (Cencoex); Alejandro Fleming Cabrera, exministro de Comercio y actual presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior.

El resto de la lista la integran Simón Zerpa, actual vicepresidente de Finanzas de la paraestatal petrolera PDVSA y Carlos Malpica Flores, extesorero nacional y exdirector de finanzas de la misma.

Otro funcionario de la administración de Trump que habló con reporteros bajo condición de anonimato dijo que las sanciones son consistentes con la política que el presidente estableció respecto a Venezuela desde el inicio de su gobierno.

“La política es que cualquier mal actor en Venezuela o involucrado con el régimen de Maduro, o involucrado en corrupción o en abusos de derechos humanos, o en denigrar el proceso democrático, son blancos potenciales para Estados Unidos”, detalló.

El gobierno advirtió que todos aquellos que se sumen a la Asamblea Constituyente quedarán expuestos a la posibilidad de enfrentar sanciones en el futuro.

El Departamento del Tesoro dio a conocer que el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aisami, quien fue objeto de sanciones en febrero pasado, tiene un patrimonio por “cientos de millones de dólares”.

“Para un servidor público de un país donde la gente está muriéndose de hambre en las calles, tener cientos de millones de dólares en cuentas bancarias alrededor del mundo, es perturbador y habla mucho de la corrupción y el narcotráfico que plaga al corrupto gobierno de Venezuela”, señaló otro funcionario estadounidense.

La administración caracterizó la Asamblea Constituyente de este domingo como “el último paso” de la democracia en Venezuela, y advirtió al gobierno chavista que enfrentará “fuertes acciones económicas” si la misma se celebra, aunque los funcionarios evitaron adelantar si ello incluiría un embargo petrolero.



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