Revelan: estado no mide bien la contaminación

El proceso de suspensión de actividades, clausura y re apertura de las 48 pedreras que, según el estado, operan en la entidad estuvo plagado de irregularidades que al final confirman que se trató de sólo un montaje.

Documentación obtenida mediante un juicio de transparencia que inicio hace un año y que finalmente se resolvió a favor de la organización civil Únete Pueblo, el pasado 20 de agosto, deja al descubierto que dicho proceso de “regularización de la industria de piedra caliza” en la entidad, no se llevó adecuadamente.

Obligada por el fallo de un juez, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León entregó la documentación relacionada a este proceso, sin embargo aceptó que desde el año 2012, el estado no realiza estudios de impacto ambiental sobre la industria de extracción de piedra caliza. 

Con esto se puede concluir que el daño ambiental que producen estas empresas es desconocido por las autoridades y por lo tanto su regulación no se cumple de forma cabal. 

Incluso, en las respuestas a solicitudes de transparencia realizadas el año pasado, el Estado justifica la inexistencia de dichos estudios señalando que con la norma anterior no era una obligación del gobierno y que la nueva norma recién había entrado en vigor.

Sin embargo, a casi un año de la entrada en vigor de la nueva norma, el Estado no ha realizado un solo estudio, pese a que en su artículo 8.1, inciso “a”, se establece que su periodicidad será cada tres meses.

Pese a ello, hace unos meses las autoridades estatales anunciaron su intención de reinstaurar en Nuevo León, la Verificación Vehícular, argumentando que son los vehículos y no las pedreras, las que ocasionan la mayor contaminación en la entidad e incluso mostraron un supuesto estudio.

Dentro de la documentación obtenida por Únete Pueblo también se encuentran las actas de suspensión y re apertura de las 48 pedreras que operan en la entidad, fechadas al pasado mes de octubre, sin embargo, los permisos para reanudar las actividades no incluyen la presunta carta compromiso firmada por las empresas pedreras, para cumplir con las normas.

Finalmente, la documentación revela que la inspección fue realizada por químicos, abogados y veterinarios, inscritos en el padrón de servicios por honorarios, pero que no se especializan en el tema de la contaminación y mucho menos en el ramo de la industria de las pedreras.

Desde el 20 de mayo El Horizonte documentó que al menos seis pedreras que habían sido clausuradas por el estado operaban un día después con normalidad.

Entonces se constató mediante un recorrido que de las siete empresas que habían sido clausuradas a principios de ese mes sólo una se mantenía cerrada.

Un mes después, se publicó un vídeo en el que se mostraba que otras compañías de este giro ignoraban las normas ambientales en su operación diaria.

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