Empresarios y Gobierno cuestionan cobro de alumbrado público

La propuesta del Ayuntamiento de Piedras Negras y del alcalde Jacobo Rodríguez de aplicar el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) al sector industrial y comercial ha generado rechazo en cámaras empresariales y advertencias sobre el impacto que tendría en la economía fronteriza.

El secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, reconoció que, si bien los municipios tienen autonomía en sus decisiones, “no es un aliciente para las empresas en estos momentos de incertidumbre económica”. Señaló que las cámaras empresariales ya expusieron al alcalde su postura en contra y subrayó que será responsabilidad de la administración municipal reconsiderar el tema.

Por su parte, Diego Gándara, presidente de la AIERA, afirmó que “lo que menos requiere el sector industrial en estos momentos son más impuestos”, al advertir que la medida sería recaudatoria y afectaría de manera directa a las manufacturas de la frontera, las más expuestas a los riesgos arancelarios. Consideró indispensable abrir mesas de diálogo entre el municipio, el Congreso y los industriales antes de imponer nuevas cargas tributarias.

El vicepresidente nacional de Nearshoring de CANACINTRA, Jaime Guerra Pérez, fue más crítico al señalar que la industria atraviesa un freno económico con recortes en empresas como Daimler y GM, lo que ya se refleja en empleos perdidos. Recordó que la frontera opera con salarios más altos y mayores cargas laborales, lo que presiona aún más a las empresas. “Si además se les cargan impuestos como el del alumbrado, se corre el riesgo de provocar más desempleo”, advirtió.

En el mismo sentido, Arturo Reveles, presidente de CANACINTRA Coahuila Sureste, sostuvo que “no es el momento” para imponer el DAP, ya que las empresas enfrentan aranceles, la reducción de la jornada laboral y un mercado interno contraído. Consideró que el alcalde de Piedras Negras debería reconsiderar la iniciativa porque cualquier carga extra “mueve los presupuestos y compromete la capacidad de mantener fuentes de empleo”.

El debate sobre el DAP surge en un contexto en el que el gobierno municipal busca incrementar su recaudación, estimando ingresos adicionales de hasta 12 millones de pesos para 2026. Sin embargo, las cámaras empresariales y autoridades estatales coinciden en que, ante la volatilidad económica y la presión sobre el sector automotriz y manufacturero, el nuevo cobro podría agravar la situación en lugar de aliviarla, por lo cual la última decisión estaría en manos de los diputados al discutir los anteproyectos de las leyes de ingreso de los municipios, luego de que el alcalde Jacobo Rodríguez busca aplicar dicho impuesto sin el consenso ciudadano.

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