EUA golpea red que traficaba combustible desde la frontera

El Gobierno de Estados Unidos intensificó la presión financiera contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas a una red de robo y contrabando de combustible que, según las autoridades estadounidenses, genera decenas de millones de dólares al año para la organización criminal.

Además de las sanciones, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una alerta dirigida a bancos e instituciones financieras para identificar operaciones relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles entre Estados Unidos y México.

Identifican al contador que traficaba combustible desde la frontera

Se trata de Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como contador y cerebro de operaciones financieras de una red que usaba empresas fantasma y documentos aduaneros falsos; y J. Refugio Ruiz Villagomez, relacionado con compañías logísticas acusadas de introducir combustible desde Estados Unidos a México sin permisos y mediante sobornos.

La acción no los presenta como socios de una misma empresa, sino como piezas señaladas dentro del mismo golpe del Departamento del Tesoro contra el llamado huachicol fiscal, un negocio que, según el comunicado emitido, combina contrabando transfronterizo, evasión de impuestos, falsificación de documentos aduaneros y uso de compañías fachada para generar recursos al CJNG.

El Tesoro informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a los dos mencionados y nueve entidades vinculadas a un esquema de robo de combustible relacionado con esa organización. 

La red, de acuerdo con la autoridad estadounidense, habría generado decenas de millones de dólares al año mediante la importación irregular de combustible y la evasión del IEPS en México.

Oscar Guillermo Juraidini Silva es señalado como una figura clave en el mundo empresarial que facilita la red de robo de combustible del CJNG. También lo identifica como contador y cerebro detrás de ciertas operaciones financieras, encargado de crear y operar empresas fantasma, además de falsificar documentos aduaneros para mover combustible de manera ilícita por la frontera.

Según el Tesoro, Juraidini importaba combustible de Estados Unidos a México con etiquetas falsas en la documentación aduanera para evitar el pago de impuestos. Sus principales clientes serían empresas gasolineras que recibían productos refinados y los vendían en estaciones de servicio.

Las empresas vinculadas a Juraidini son Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y Cucumber Sweet Waves Ltd, esta última con sede en Reino Unido.

El segundo señalado es J. Refugio Ruiz Villagomez, vinculado con Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Las autoridades estadounidenses sostienen que introdujo combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes y que pagó sobornos a cárteles y otras organizaciones que controlan puertos de entrada entre ambos países.

Sobre esas empresas, el Tesoro señaló que Jomadi y Ahavat realizaron transacciones por decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense con terceros vinculados al CJNG. También indicó que Jomadi aparece en hallazgos de la Fiscalía General de la República como una empresa de importación y exportación involucrada en narcotráfico.

La alerta de FinCEN amplió el foco de la investigación: no se trata sólo de robo de combustible en México, sino de esquemas que incluyen petróleo crudo enviado hacia Estados Unidos y gasolina, diésel, nafta y otros combustibles introducidos a México mediante estructuras de evasión fiscal, intermediarios, empresas fachada, camiones cisterna, vagones de ferrocarril y flotas clandestinas.

Con las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que estén en Estados Unidos, o bajo control de personas estadounidenses, quedan bloqueados. La medida también prohíbe transacciones con ellos, salvo autorización de la OFAC, y advierte posibles sanciones civiles o penales para quienes participen en operaciones relacionadas.

Con información de Salvador Maceda