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Trump insiste en no firmar ley de vivienda de Estados Unidos
Donald Trump reiteró que no firmará la ley de vivienda, aunque entrará en vigor este sábado de forma automática si no la veta dentro del plazo legal
Por Ángeles Núñez | 10 Julio 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que no firmará el proyecto de ley de vivienda aprobado por el Congreso, pese a que la legislación entrará en vigor este sábado si el mandatario no toma medidas para vetarla dentro del plazo establecido por la Constitución.
A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump aseguró que no firmará la iniciativa como forma de protesta porque, afirmó, el Senado no ha logrado aprobar la llamada "Save America Act", una de sus principales propuestas en materia electoral.
La ley entrará en vigor sin la firma presidencial
De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, el presidente dispone de diez días, sin contar los domingos, para firmar o vetar un proyecto de ley una vez que es enviado por el Congreso.
Si no realiza ninguna acción durante ese periodo, la iniciativa se convierte automáticamente en ley.
Trump ya había mostrado su rechazo a la legislación el pasado 24 de junio, cuando canceló la ceremonia prevista para promulgar la norma apenas unas horas antes de su realización y condicionó su firma a la aprobación de la reforma electoral.
Buscó presionar por la reforma electoral
La ley de vivienda busca aumentar la oferta de viviendas, facilitar su construcción y reducir las trabas regulatorias.
Además, representa el acuerdo más importante en esta materia en más de tres décadas y fue respaldada por legisladores demócratas y republicanos.
El mandatario intentó utilizar la promulgación de esta legislación como una medida de presión para impulsar la aprobación de la "Save America Act".
Sin embargo, líderes republicanos del Senado le han reiterado que no cuentan con los votos suficientes para sacar adelante esa iniciativa.
La propuesta electoral promovida por Trump ha sido cuestionada por legisladores demócratas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes sostienen que los cambios planteados afectarían a minorías, personas de bajos recursos y otros sectores considerados vulnerables del electorado.