'Delitos de exbroncos no ameritan prisión oficiosa': Fiscal

Aunque existen demandas penales por quebrantos millonarios contra el erario estatal, los exfuncionarios de la administración de Jaime Rodríguez 'El Bronco', acusados de desvíos de recursos, no alcanzan la prisión oficiosa por dichos delitos, afirmó el Fiscal Anticorrupción de Nuevo León, Javier Garza y Garza. En entrevista virtual con Azteca Noreste, el funcionario, insistió en que el Estado no le ha entregado una auditoría definitiva en el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleón) al exsecretario General de Gobierno, Manuel González.'La mayoría de los delitos de los que son competencia de aquí de la Fiscalía no son de prisión oficiosa, entonces nosotros tenemos que llevar todo el juicio en caso de que los judicialicemos para el efecto de que el juez al final determine si son responsables o no son responsables de la comisión de un ilícito', comentó Garza y Garza.'No es porque uno no quiera sino uno tiene que acatar las normas establecidas por el órgano legislativo correspondiente que establece y a nivel federal también, cuáles son los delitos que merecen prisión oficiosa y dentro de los que tenemos ahorita dentro del desvío ese, no tenemos una prisión oficiosa', añadió.El pasado viernes 20 de enero del presente año, El Horizonte publicó que ha pasado más de un año en que se presentaron denuncias por dicho caso, así como por la compra de vagones del metro, en el caso del exsecretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, sin embargo, ambos exfuncionarios siguen 'intocables'. 'Hemos estado trabajando precisamente en cada uno de los casos, cada uno tiene su connotación distinta con relación a los hechos y a las pruebas que nos han aportado precisamente, la Contraloría del Estado o los entes que han presentado las denuncias', explicó el Fiscal Anticorrupción. Agregó que las investigaciones no expiran pese al tiempo transcurrido, pero aclaró que se tiene que esperar una determinación por parte de un juez para ver si existe o no responsabilidad de los exfuncionarios, posteriormente, el órgano actuará si se tienen 'pruebas suficientes'. 'Las esperanzas que se tienen para efecto de llegar son tratar de que se condene y tratar de llegar a unas consecuencias, pero hay que ver las limitantes', concluyó.

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