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Va FGR contra Ruffo por presunta red de huachicol fiscal
La Fiscalía señala al exgobernador como presunto líder de una red que habría importado hidrocarburos de forma ilegal y causado un daño millonario al erario
Por Salvador Maceda | 17 Julio 2026
La Fiscalía General de la República colocó al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en el centro de una presunta red que introducía por ferrocarril combustible procedente de refinerías de Texas, Estados Unidos y que presuntamente dejó un posible daño a la Hacienda Pública superior a 4 mil millones de pesos. La indagatoria también le adjudica más de 15 millones de litros no declarados, movimientos por 3 mil 75 millones de pesos y operaciones cambiarias por mil 386 millones de dólares.
La fiscal general Ernestina Godoy informó en un mensaje a medios que la investigación permitió obtener órdenes de aprehensión contra 25 personas. Ruffo Appel y otros cuatro objetivos fueron detenidos este jueves, entre ellos su socio en la empresa Ingemar, Ricardo Thompson Navarro.
La mayor red de contrabando ferroviario
“Nos referimos a un esquema de contrabando de hidrocarburo, el que consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas; es decir, se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos. Este tipo de operaciones requiere de estructuras empresariales, financieras, aduaneras y logísticas coordinadas”, explicó Godoy.
La fiscal señaló que la investigación requirió revisar información aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria, corporativa y de comercio exterior. Los investigadores analizaron permisos de importación, volúmenes declarados, capacidades de transporte, rutas de distribución, cuentas bancarias, cambios de divisas y transferencias internacionales.
Según la FGR, ese cruce de información permitió identificar la que considera la mayor red de contrabando de combustible detectada hasta ahora mediante carros tanque de ferrocarril. La institución presume que la estructura comenzó a operar mediante una empresa relacionada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por Ernesto Ruffo Appel.
Aunque por el sigilo de la investigación no mencionó el nombre, trascendió que el exgobernador fundó Ingemar, que según el Registro Público de Comercio se dedica a la importación, almacenamiento, logística comercial y distribución de gasolina y diésel provenientes de Estados Unidos.
Godoy sostuvo que los productos provenían de refinerías ubicadas en Texas y eran distribuidos principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. Las empresas investigadas presuntamente declaraban cantidades menores o productos distintos a los transportados para evitar el pago completo de impuestos.
“La red declaraba sólo el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro tanque de ferrocarril. Reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad estaban transportando hasta 110 mil litros. Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión, llamadas espuelas ferroviarias, para su distribución ilegal”, afirmó.
El combustible presuntamente era descargado en pipas y tractocamiones sin contar con los permisos de la autoridad reguladora del sector energético. Godoy mencionó siete empresas encargadas de vender y distribuir el producto, aunque el video institucional presentado posteriormente por la FGR habló de 17 compañías.
Una primera acción operativa habría causado una afectación económica de 32 millones 808 mil pesos a la organización investigada y permitido desarticular uno de sus principales centros de operación. Las autoridades también localizaron decenas de carros tanque en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí.
Más de 15 millones de litros no declarados
La FGR calculó que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades. La organización habría utilizado 162 carros tanque para introducir los cargamentos y omitir el pago de contribuciones federales.
Por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios, la Fiscalía estimó una posible evasión de 88 millones 511 mil 516 pesos. A esa cantidad sumó 18 millones 289 mil 304 pesos de impuesto al valor agregado, con un posible daño conjunto de alrededor de 106 millones 800 mil pesos.
La indagatoria también habría encontrado diferencias entre los volúmenes autorizados y los realmente introducidos. En el caso del diésel, la FGR presume que las empresas importaron más de 10 veces la cantidad permitida, mientras que en gasolina regular habrían ingresado más de tres veces y media el volumen autorizado.
En el frente financiero, la institución identificó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos mediante cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. Parte de los recursos presuntamente era canalizada hacia empresas extranjeras mediante transferencias internacionales.
Las cuentas recibían dinero y lo transferían casi de inmediato, por lo que mantenían saldos mínimos, de acuerdo con la fiscal. La FGR considera que ese comportamiento corresponde al uso de cuentas puente para dificultar la identificación del origen de los recursos y de sus posibles beneficiarios finales.
La investigación fue ampliada en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México. Entre enero y julio de 2025, las autoridades detectaron 4 mil 238 operaciones de importación en las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, con un posible perjuicio fiscal superior a 4 mil millones de pesos.
Órdenes contra 25 personas
Las órdenes de aprehensión fueron planeadas para ejecutarse en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco. Entre las personas investigadas se encuentran socios de empresas, operadores logísticos, agentes aduanales, personal autorizado de agencias y servidores públicos, sin que hasta ahora se haya determinado judicialmente su responsabilidad.
Godoy agregó que entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de julio de 2026 la FGR llevó a proceso a 407 personas relacionadas con presuntas redes de contrabando marítimo, ferroviario y terrestre. Aseguró que el expediente cuenta con dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis científicos, aunque la situación jurídica de los detenidos deberá resolverse conforme avancen las etapas procesales.
El video sobre el esquema
El video institucional presentado por Godoy y narrado por un locutor ubicó el inicio de la investigación en el aseguramiento de 33 ferrotanques, realizado en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila. En el operativo participaron Defensa, SSPC, FGR, Protección Civil, Pemex y la Agencia Nacional de Aduanas.
La grabación describió una estructura integrada por importadoras, agencias aduanales, empresas portuarias y ferroviarias, transportistas y comercializadoras. También informó que fueron revisados domicilios y centros de operación en Baja Cåalifornia, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México.
“Nuestras investigaciones continúan. Por respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, la información relacionada con la situación jurídica de las personas involucradas será comunicada conforme nos lo permitan las etapas procesales correspondientes. La Fiscalía continuará investigando y desarticulando las redes que obtienen ganancias mediante el contrabando de hidrocarburos”, afirmó Godoy.
Los antecedentes de Ruffo e Ingemar
Ruffo Appel gobernó Baja California de 1989 a 1995 y fue el primer candidato de oposición en ganar una gubernatura después de seis décadas de gobiernos estatales del PRI. Los antecedentes empresariales del caso podrían apuntar presuntamente a Ingemar, compañía fundada por el exmandatario, quien aparece como accionista y había sostenido que la firma únicamente realizaba trámites y logística de importación.