Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven

A pesar de que enfrenta denuncias penales por un presunto fraude que, hasta el momento, suma decenas de millones de pesos, la empresa Anthem Capital, del empresario Gabriel Quirós Sada, aún promociona el proyecto inmobiliario “Estela”, que le habría servido de anzuelo para desfalcar a sampetrinos. 

En el sitio de Anthem Capital todavía se ofertan las oficinas y departamentos de “Estela Corporate Center”, un complejo de dos torres de hasta 25 pisos que se construiría en Culiacán, Sinaloa, y presuntamente tendría una inversión de $1,445 millones de pesos. 

Por este caso, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) tiene, hasta el momento, tres denuncias penales por el delito de fraude contra Gabriel “N”, a quien se le reclama un monto global de $52 millones 951,350 pesos. 

Sin embargo, según fuentes, los afectados pueden ser decenas y el desfalco por más de $100 millones de pesos. 

Quirós Sada se encuentra prófugo de la justicia y los próximos 20 y 27 de abril están programadas dos audiencias de vinculación, aparte de una que ya existe.  

Este caso de fraude se suma a los que estallaron el año pasado de Sofomes, aunque la diferencia es que en los anteriores se pedía dinero a cambio de altos rendimientos y en este eran para un desarrollo inmobiliario. 

Según los afectados, allá por diciembre del 2017, Quirós Sada les ofrecía invertir en este desarrollo afirmando que ya tenía un crédito de $600 millones de pesos para arrancarlo, pero que necesitaba su dinero para completar.  

A cambio, le ofrecía acciones de la empresa responsable y participaciones económicas proporcionales al monto aportado, mediante la emisión de títulos. 

Las denuncias penales son tres: una de una mujer, al parecer la dueña de la empresa “Inmobiliaria Avondanz S.A. de C.V.”, y las otras dos, de otras empresas o personas morales. 

La primera es por un monto de $20 millones de pesos; la segunda es por $10 millones y la tercera por $22 millones 951,350 pesos, según una ficha de la dependencia.

De acuerdo con la FGJNL, Gabriel “N” se encuentra prófugo de la justicia porque el 29 de enero pasado, una magistrada revocó la determinación de un juez de que llevara el proceso en libertad. 

Sin embargo, se le dieron 24 horas y no se presentó, por lo cual actualmente pesa sobre el imputado una orden de aprehensión que no se ha cumplimentado. 

Por el primer caso, que según el abogado Geddy Sabas Escalante, corresponde a un daño ocasionado a su representada, la empresa Inmobiliaria Avodanz S.A., de C.V., Quirós Sada, ya fue vinculado a proceso.  

Pero están pendientes de definir el curso de otras dos denuncias, las cuales están programadas para el 20 y 27 de abril. 

Historia del fraude

El caso de Anthem Capital se remonta a diciembre del 2017, cuando el empresario Gabriel Quirós Sada reunió a sampetrinos en su oficina del edificio Kerkus que está en la avenida Gómez Morín, dentro del edificio Kerkus, de la colonia Residencial Chipinque, de San Pedro. 

Ahí, les ofreció invertir en una torre de lujo que se construiría en Culiacán, Sinaloa, lo cual resultó ser un “proyecto fantasma” porque no se colocó “ni un ladrillo”. 

Durante la reunión promovió un plan denominado “Estela Corporate Center”, que presuntamente consistía en la construcción de un complejo de oficinas y departamentos en Culiacán, Sinaloa. 

Presuntamente, el empresario aseguró que el desarrollo contaba con respaldo financiero e incluso tenía preautorizado un crédito por encima de los $600 millones de pesos para su construcción. 

Con base en esa información, ofreció a los inversionistas participar en el proyecto mediante un esquema de aportación de capital que sería convertido en acciones dentro de la empresa responsable del desarrollo. 

La propuesta consistía en que los inversionistas obtendrían participaciones económicas proporcionales al monto aportado, mediante la emisión de títulos de la desarrolladora. 

En el caso de “Inmobiliaria Avodanz”, el acuerdo formal se firmó el 5 de septiembre de 2018 mediante un “contrato de inversión” en el que también participó un presunto representante legal de la firma, identificado como Rogelio “N”; a partir de ese momento comenzaron las transferencias del capital comprometido. 

La empresa inversionista realizó tres depósitos bancarios que en conjunto sumaron $20 millones de pesos.  

El primero se efectuó pocos días después de la firma del contrato por un monto de $12 millones de pesos; posteriormente, se realizaron dos transferencias adicionales de $4 millones de pesos cada una entre los meses de octubre y noviembre de ese mismo año. 

Durante los años posteriores, los inversionistas comenzaron a manifestar inquietudes sobre el avance del proyecto, ya que la construcción debía registrar progresos importantes conforme al cronograma presentado. 

Incluso se contemplaba que para finales de 2022 se entregaran oficinas y departamentos a los compradores.  

Ante versiones de que el desarrollador enfrentaba problemas de liquidez, los inversionistas decidieron viajar a Culiacán para verificar el complejo corporativo, pero no existían cimientos, estructuras ni maquinaria de construcción. 

El terreno se encontraba prácticamente vacío, delimitado únicamente por anuncios publicitarios relacionados con el proyecto inmobiliario. 

Acción penal 

Tras confirmar la ausencia de construcción, los inversionistas interpusieron la denuncia penal, lo que derivó en la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público. 

Como resultado de las indagatorias, el 26 de junio de 2024 un juez determinó vincular a proceso a Gabriel “N” por el delito de fraude. 

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía solicitó que se le impusiera prisión preventiva; sin embargo, en ese momento el juez decidió aplicar otras medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país y la entrega de sus documentos migratorios. 

Ante esto, el imputado promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León para impugnar la vinculación a proceso y las medidas cautelares impuestas.  

No obstante, el 14 de abril de 2025 una jueza federal resolvió negar la protección de la justicia, con lo que el proceso penal en su contra continuó vigente. 

El 29 de enero de 2026, una magistrada de la Sala Penal determinó modificar las medidas cautelares y ordenó que el acusado fuera sujeto a prisión preventiva justificada. 

En la resolución se le otorgó un plazo de 24 horas para presentarse voluntariamente en el Centro de Reinserción Social número 1 Norte. 

El empresario no acudió a cumplir con la orden judicial, por lo que las autoridades emitieron una nueva orden de aprehensión en su contra. 

El 20 de febrero de 2026 el imputado promovió otro recurso de amparo con el objetivo de evitar su captura; sin embargo, el 27 de febrero la autoridad federal negó la suspensión definitiva solicitada, por lo que la orden de detención permanece vigente. 

Existen indicios de que otras personas también habrían aportado recursos para proyectos promovidos por el mismo empresario.

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