Aprueban juicio político a gobernador; Morena se ausenta

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García, aunque dos diputados de Morena y una legisladora del Partido Verde se ausentaron.

La sesión fue convocada para autorizar el acuerdo de procedencia para declarar el inicio del juicio contra el mandatario de Movimiento Ciudadano, por presuntas anomalías en el manejo de los recursos públicos.

Al inicio de la reunión, la bancada del PAN pidió avanzar pese a esas tres ausencias y propuso declararse en permanente para determinar  el siguiente paso; y tras unos minutos de receso, la sesión se reactivó.

El coordinador de la bancada panista, Carlos de la Fuente, cuestionó la incongruencia de la bancada de Morena, ya que la solicitud del juicio político la  presentó el pasado lunes la dirigente estatal de ese partido, Anabel Alcocer.

Los legisladores de Morena que se ausentaron son el coordinador Mario Soto y Rodrigo Montemayor, además de la diputada del PVEM, Claudia Chapa.

Soto y Montemayor enviaron escritos alegando que compromisos contraídos con anterioridad les impedían acudir, en tanto que Chapa Marmolejo alegó problemas de salud.

Cuando la presidenta de la Comisión, Perla Villarreal, advirtió que se les podría descontar el día, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, dijo que eso no era válido.

La única diputada de Morena presente en la sesión, Grecia Benavides, exigió no demorar más el juicio, debido a las presuntas anomalías que, dijo, el gobernador ha cometido al desviar recursos estatales.

Al final, el dictamen se aprobó por mayoría de votos.

"Se inicia el procedimiento de juicio político contra Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien actualmente ocupa el cargo de gobernador constitucional del Estado", dice el acuerdo.

En el dictamen aprobado, el gobernador está citado para que el 23 de junio comparezca a declarar ante esta Comisión para que se defienda, y tendría la opción de ir personalmente, mediante oficio o a través de sus abogados.

Tras eso, iniciarán las diligencias, y vendrá un proceso de pruebas y alegatos, con la aclaración de que el mandatario puede ampararse.

La Comisión tendrá que sesionar para aprobar el dictamen y se prevé que el 12 de agosto, en un período  extraordinario, el pleno del Congreso sesione para quitarle el fuero al mandatario estatal.

Para ese procedimiento, el PRI, PAN y Morena sí tienen, juntos, los 28 votos requeridos; y si eso sucede, ya con el desafuero el mandatario sería sancionado penalmente.

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