Nuevo León

Encuentra CEDH violaciones a derechos humanos en cárceles de NL

Se puntualiza la obligación de la autoridad de capacitar debidamente al personal de seguridad y administrativo en torno a los principios de derechos humanos


  • 18
  • Diciembre
    2016

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió cinco recomendaciones en las que acreditó violaciones diversas a garantías en cárceles distritales de Santa Catarina y Cadereyta Jiménez, así como otras cometidas por autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

De acuerdo al resolutivo del organismo, se detectó que hubo la violación al derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad personal y jurídica, el acceso a la justicia de cuatro hombres y una mujer en actos y omisiones de autoridades.

Las recomendaciones 18 y 19 son sobre dos hombres detenidos en cárceles distritales, en las cuales se concluyó que las autoridades de las Secretarías de Seguridad y Vialidad municipales fueron omisas en la observación y garantía de medidas apropiadas para proteger la integridad, seguridad personal y la vida.

En el primer caso, detalló, en el municipio de Santa Catarina, la víctima falleció en un aparente suicidio, mientras que en Cadereyta, la persona detenida se fugó de las instalaciones.

La CEDH encontró también omisiones que impidieron el acceso al derecho a la justicia de personas denunciantes, al no agotarse las líneas de investigación, así como prestación indebida del servicio público afectando la seguridad jurídica.

Ello, añadió, se asienta en las Recomendaciones 21 y 22 que se dirigen a la Unidad de Investigación Número Dos especializada en Delitos Culposos de Apodaca, y a la Agencia del Ministerio Público de Galeana, ambas emanadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En la Recomendación 20/2016 se señala que elementos de Fuerza Civil incurrieron en una detención ilegal de una persona a la que no se le comprobó flagrancia ni cuasi flagrancia en la presunta comisión de un delito, además de constatarse que fue víctima de agresiones físicas durante su detención.

En cada una de las recomendaciones se puntualiza la obligación de la autoridad de capacitar debidamente al personal de seguridad y administrativo en torno a los principios de derechos humanos y su vinculación con el servicio de sus respectivas áreas.

Solicita también que se inicien procedimientos de responsabilidad administrativa a los funcionarios señalados y ordena la colaboración con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el desarrollo de los procedimientos de reparación de daños.






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