Niegan amparo a patronato de museos

Pese a que el Patronato de los museos de San Pedro pretendía que se suspendieran las fallas de los dictámenes de la Comisión Especial del municipio, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León, negó la suspensión de amparo provisional a este organismo.

Dicho amparo buscaba que pudiera seguir la construcción de los espacios culturales impulsados por el exalcalde Mauricio Fernández, así como la administración de los recursos, con el argumento de que al otorgar la suspensión se tendría en consecuencia un posible perjuicio al interés social y una contravención a las disposiciones de orden público.

Como se recordará, las obras y los contratos fueron cancelados debido a que se había detectado una incorrecta aplicación del recurso público.

De acuerdo a los dictámenes de la Comisión Especial de Museos, se les revocaban los contratos, predios y dinero para las obras, pero el Tribunal desechó la petición por diversos motivos.

Asimismo, se señalaba que la creación del Patronato fue injustificada, debido a que duplicaban funciones que pudiera haber absorbido la Secretaría de Finanzas y Tesorería, la Secretaría de Administración y la Secretaría de Obras Públicas.

“La medida suspensiva solicitada contravendría el orden público y el interés social, en tanto que los actos reclamados, guardaban como propósito primordial hacer un uso responsable de los recursos financieros y materiales con los que contaba el municipio, y atender necesidades prioritarias para su población.

“(No existía) la necesidad de ser substituidos, remplazados o subrogados por un organismo público descentralizado de reciente creación, con recursos limitados, el cual tendría que contratar personal, desarrollar normas, procesos y procedimientos, adquirir recursos y materiales tecnológicos que duplicaría el gasto público”, señala el documento de la sentencia.

Otro de los argumentos es que los nuevos museos no se contemplaba dentro del Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro 2015-2018, y tampoco contemplaban prioridades como seguridad, alumbrado público o transporte, entre otros.

“No había dato objetivo hasta ese momento de que con la negativa de la suspensión se permitiera la paralización de un proyecto prioritario o urgente para la satisfacción de necesidades de la población.

“...De manera que, sobre la apariencia del buen derecho que pudiera emerger de los actos reclamados y su impugnación, se proyectaban con más fuerza los fines establecidos en los dictámenes reclamados, tendientes a la aplicación de recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.

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