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Nuevo León

'Empresas deberán pagar "Impuesto verde", no la población'

Empresas deberán pagar Impuesto verde, no la población
Foto: Senado de la República

La diputada comunicó la urgencia de que el Gobierno actúe inmediatamente para que el “impuesto verde” sea cubierto por las empresas y no afecte a ciudadanos.

El Gobierno de Nuevo León deberá implementar los mecanismos necesarios para garantizar que el “impuesto verde” lo paguen las empresas contaminantes y no se traslade a la población, aseveró la diputada del PRI Marcela Guerra Castillo.

Aunque en la ciudad de Monterrey y el área metropolitana del estado se presentó una disminución del 60 por ciento en la movilidad durante la contingencia del Covid-19, de acuerdo a las cifras de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, ésta no se reflejó en una baja de la contaminación, informó la diputada en un comunicado.

Por tanto, dijo que habría que replantear las fuentes que la generan, como las pedreras, la refinería de Cadereyta y las termoeléctricas, entre otras.

En ese sentido, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, recordó a través de un punto de acuerdo que las pedreras, empresas dedicadas a la extracción de rocas para elaborar diversos materiales esencialmente para la construcción, cuentan con una problemática muy clara:

“La cantidad de contaminantes que vierten en el aire; el uso constante de químicos empleados para dinamitar las rocas, que propicia fallas geológicas y contaminan el suelo; no hay programas de mitigación para regenerar la zona en la que se asentó la empresa, una vez que ha extraído todo el material y se ha retirado del lugar, además de que están devastando las montañas de Nuevo León. Las pedreras han dañado los cerros y la zona serrana cercana a la capital, afectando gravemente a los ecosistemas de la región”, aseguró.

Respecto a las pedreras, Guerra Castillo agregó que si bien hay 48 con registro oficial en Nuevo León, la Asociación de Extractores de Caliza de la entidad tiene agremiadas a 65 empresas, lo que significa que varias de ellas podrían estar operando en la clandestinidad.

Asimismo, la propuesta presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, señala que el llamado “impuesto verde”, impulsado por el Ejecutivo del estado, mismo que entró en vigor el primer día del 2022, con el objetivo de gravar las actividades contaminantes de las empresas y destinarlo a mitigar el daño ecológico que causan, no ha funcionado en el caso de las pedreras.

Es por esto que la priísta asegura que urge que las autoridades competentes del Gobierno de Nuevo León actúen inmediatamente para garantizar que el “impuesto verde” sea cubierto por las empresas contaminantes, mas no así por los ciudadanos y los sectores más vulnerables de la población, que de manera directa ya constatan una afectación en su economía con el aumento de precios en los materiales para construcción.

Con información de edomexaldia.com

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