Identifican célula ligada a explosivos decomisados de Ayotzinapa
La investigación también alcanza a presuntos operadores externos y busca determinar el origen de los recursos utilizados para producir los artefactos.
- 09
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Junio
2026
Autoridades federales identificaron a una presunta célula radical vinculada a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa como responsable de la fabricación y distribución de los explosivos decomisados a estudiantes que llegaron a la Ciudad de México para participar en movilizaciones.
El pasado 8 de junio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguraron 59 artefactos explosivos de fabricación casera que eran transportados por normalistas en autobuses procedentes de Guerrero.
Apuntan a "El Coquillo"
De acuerdo con trabajos de inteligencia, uno de los principales operadores del grupo sería Jesús G. E., alias "El Coquillo", actual presidente del Comité de Lucha de la normal rural.
Las investigaciones lo señalan como presunto responsable de coordinar la elaboración y distribución de los artefactos. Además, se le relaciona con indagatorias por retención de vehículos y robo de diésel y mercancías.
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Estiman producción de hasta 1,000 explosivos
Aunque fueron decomisados 59 dispositivos, las autoridades estiman que la célula habría ordenado la fabricación de hasta mil artefactos para utilizarlos en distintas movilizaciones.
Los explosivos estaban elaborados con tubos de PVC rellenos de pólvora, sellados con parafina y equipados con un mecanismo de activación por fricción que permitía una detonación retardada.
Especialistas advierten que, aunque su capacidad letal es limitada, pueden provocar lesiones, incendios y daños materiales importantes.
Las pesquisas también apuntan a la posible participación de personas ajenas a la estructura estudiantil.
Entre los nombres bajo investigación aparece Juan Miguel H. C., alias "El Padrino" o "El Mamado", señalado como presunto promotor de acciones radicales entre grupos vinculados al movimiento de Ayotzinapa.
Asimismo, las autoridades revisan posibles nexos políticos en Guerrero y el origen de los recursos utilizados para financiar la fabricación de los explosivos.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga la fabricación, traslado y posible uso de los artefactos en protestas, así como la red de apoyo que habría permitido su producción.
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