Los contratos que provocaron la caída de dos alcaldes de Sinaloa

Una red de empresas vinculadas entre sí, que involucra arrendamientos triangulados por más de $288 millones de pesos, quedó bajo el escrutinio de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Sinaloa; caso que ha ‘salpicado’ a los alcaldes de Ahome y Culiacán.

El primer caso involucra al exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y al entonces secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro, quien actualmente es diputado local.

Ambos son señalados por la Fiscalía en la carpeta FGE/FECC/09/2024/CI como presuntos responsables de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

De acuerdo a las investigaciones, se manifiesta que el contrato DA-Arrendamiento-018-2021, firmado por Grinleasing SAPI de CV, fue adjudicado el 9 de diciembre de 2021 por $171 millones 451,932 pesos y con vigencia de 35 meses. 

Dos días después, esta empresa celebró un subarrendamiento con Casanova Vallejo, que había sido inhabilitada previamente.

La empresa Casanova Vallejo, la cual es propiedad de Carlos y Joaquín Echenique Casanova, tuvo una sanción en 2022 y 2023, pero en 2024 logró librar las inhabilitaciones mediante varios recursos legales y fue el 27 de mayo de ese mismo año que se publicó en el Diario Oficial de la Federación que la sanción quedó sin efectos.

Por su parte, Grinleasing SAPI de CV fue creada en abril de 2020 en la Ciudad de México y sus accionistas son Diego Gaspar Villarias y Raúl Antonio Hernández, quienes son socios en dos empresas más: K-Partners, SAPI DE C.V., creada en marzo de 2019, y Sowcare, SAPI DE C.V., fundada en abril de 2020. Gaspar Villarias fue también representante de Grupo Turbofin, SAPI de CV.

El otro caso se documentó en el Ayuntamiento de Culiacán, encabezado por Jesús Estrada Ferrero, y ahí se firmó un contrato por $117 millones 600 con Grupo Ketzer para el arrendamiento de camiones recolectores de basura. 

El primer pago fue cobrado por Ketzer y los demás por la empresa Grinleasing, a quien se le transfirieron los derechos del contrato.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, ni Ketzer ni Grinleasing contaban con flota propia para ofrecer el servicio, por lo que las unidades eran propiedad de Casanova Vallejo, que las rentaba por $2 millones 551 pesos mensuales.

La fiscal Nereida Avilés señaló que la empresa Grinleasing ganaba $1 millón 368,000 pesos al mes solo por ser intermediario.

Uno de los hallazgos clave fue la detección de un acta de entrega-recepción presuntamente falsa, firmada el 11 de septiembre de 2021. En ella se afirmaba que los camiones fueron entregados e inspeccionados, aunque el contrato se firmó un mes después y la compra de los vehículos ocurrió entre el 16 y el 24 de octubre.

A pesar de los señalamientos, Casanova Vallejo ha mantenido contratos con el gobierno federal. Según Compranet, de 2022 a 2025 ha firmado 84 contratos por más de 519 millones de pesos. Por su parte, Grupo Turbofin, propiedad de Aby y Bernardo Lijtszain —también dueños de Traxión—, ha obtenido contratos públicos por cerca de 2 mil millones de pesos en los últimos años.

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