Nueva ley abre paso al espionaje y censura estatal

La aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones ha encendido las alarmas entre sectores políticos y sociales, que la califican como una “herramienta de censura, represión y control total por parte del Estado”.

Entre los puntos más graves, se incluye la geolocalización de celulares sin orden judicial y la posibilidad de suspender programas de radio o televisión si se considera que violan el “derecho de audiencia”. 

Para muchos, esto no es otra cosa que darle carta blanca al gobierno para espiar, silenciar y vigilar a los ciudadanos a placer.

Partidos de oposición, como el PAN y el PRI, han denunciado que las mínimas modificaciones al proyecto original del Ejecutivo no cambiaron “su naturaleza autoritaria”.

“Esta es una ley de censura, y lo que busca es institucionalizar el espionaje generalizado”, advirtieron.

Otro punto crítico es el exceso de poder que se le entrega a la nueva Agencia de Transformación Digital, organismo que sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), debilitando el contrapeso institucional y centralizando aún más el control en manos del gobierno.

El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lanzó una advertencia contundente:

“Esta ley es un manual de bolsillo para consolidar un régimen antidemocrático, dictatorial. Es una ley de censura disfrazada de modernidad. No es otra cosa que un ‘Big Brother del bienestar’ para controlar la vida, la palabra y los pensamientos de cada ciudadano”.

La Ley Censura comenzará su análisis en la Cámara de Diputados.

'Es un modelo de vigilancia'

Así coincide Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica; la iniciativa no representa un avance en términos de derechos ni de autonomía, sino todo lo contrario, un paso hacia un modelo de vigilancia masiva y concentración de poder en el Ejecutivo. 

Maldonado destacó en entrevista radiofónica que, si bien se eliminó el polémico artículo 109, que habilitaba la suspensión o baja de plataformas digitales, la nueva estructura regulatoria no garantiza independencia. “El tema sigue siendo el órgano regulador, el problema central”, explicó. 

"Estamos hablando de la libertad de expresión, de lo que se puede o no hacer en plataformas digitales, de lo que se puede o no decir en medios de comunicación", subrayó. Para Maldonado, el nuevo esquema no es una simple reorganización administrativa, sino un cambio profundo en la forma en que el Estado controla la información y supervisa a los ciudadanos. 

Puntos más polémicos

Los puntos más polémicos de la reforma que fue turnada a la Cámara de Diputados son que se permitirá la geolocalización en tiempo real de todos los teléfonos celulares de los ciudadanos sin una orden judicial; y la posibilidad de suspender las transmisiones de radio y televisión bajo el argumento de violar los derechos de las audiencias. 

Se mantiene el artículo 209, fracción IX, que permite a la Secretaría de Gobernación suspender de manera precautoria la transmisión de publicidad de gobiernos extranjeros, salvo en casos culturales, turísticos o deportivos, para asegurar el cumplimiento del marco legal nacional. 

La Cámara de Diputados anunció que este martes empezará el análisis y discusión de la polémica Ley de Telecomunicaciones.

Comentarios