Escándalo de huachicol fiscal salpica a Vector Casa de Bolsa

A la regiomontana Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo Garza, la alcanzó el lodazal de la polémica del huachicol fiscal, pues ayer se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) la investiga por supuestamente lavar dinero de empresas que se dedican a este delito.

Esto ocurre en medio del escándalo que ya enfrentaba la casa de bolsa propiedad del exjefe de la oficina de la Presidencia del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, la cual en julio pasado ya había sido sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestamente lavar dinero para los cárteles de Sinaloa, Del Golfo y Jalisco Nueva Generación.

Según la investigación, Vector habría lavado dinero de la empresa Grupo Potesta por un monto de $220 millones de pesos, la cual es una de las 35 que se dedicaban a importar el huachicol fiscal (importación y venta ilícita de hidrocarburos evadiendo impuestos).

Según medios nacionales, la investigación por el tema de huachicol fiscal inició por parte de la FGR en el 2024 con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF CDMX/0000568/2024, pero brotó este año al darse a conocer la causa penal 325/2025 de la trama de los hermanos integrantes de la Marina, Manuel y Roberto Farías Laguna, quienes encabezaban la red para ingresar al país 14 buques con gasolina los cuales reportaron como diesel o aceites.

La indagatoria arroja que Vector aparece entre las instituciones financieras involucradas en la red de huachicol fiscal, operación que presuntamente fue facilitada con la colaboración de agentes aduanales y elementos de la Marina, de igual manera se señaló a la empresa por Estados Unidos, por su presunta participación de lavado de dinero asociado con carteles de narcos. 

Se le conoce como huachicol fiscal a la gasolina que ingresa al país de manera ilegal, pues es reportada como aceite o aditivos con la finalidad de pagar menos impuestos.

HACIENDA DICE QUE NO TIENE PRUEBAS

En el caso que señala Estados Unidos, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, declaró que no existen pruebas fehacientes que respalden las acusaciones contra Vector y otras empresas como CI Banco e Intercam. 

Agregó que las intervenciones administrativas aplicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en junio pasado funcionaron como un mecanismo de control preventivo para proteger el sistema financiero y los ahorros de los clientes, y anticipó que estas medidas podrían levantarse pronto.

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