Avala EUA a Venezuela el pago de los abogados de Maduro y Cilia

El gobierno de Estados Unidos autorizó una modificación a las sanciones contra Venezuela que permitirá financiar la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el proceso por narcotráfico que enfrentan en Nueva York, según un documento judicial oficial.

La decisión fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que emitió licencias enmendadas para que los abogados defensores puedan recibir pagos del gobierno venezolano bajo condiciones específicas, tras semanas de disputa legal por el financiamiento del equipo jurídico.

¿Qué cambió en las sanciones de EUA?

Las nuevas licencias permiten que los honorarios legales se paguen con fondos disponibles del gobierno venezolano posteriores al 5 de marzo de 2026, siempre que no provengan de cuentas restringidas como depósitos de gobiernos extranjeros.

Este ajuste representa un cambio en la postura del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia, que previamente habían bloqueado estos pagos al considerar que podrían vulnerar la política de sanciones y seguridad nacional.

¿Por qué era clave el pago de la defensa?

La defensa de Maduro, encabezada por el abogado Barry Pollack, había argumentado que la imposibilidad de cubrir los honorarios legales violaba la Sexta Enmienda, que garantiza el derecho a contar con un abogado de elección.

Incluso se solicitó la desestimación del caso bajo ese argumento, al señalar que las restricciones impedían una defensa adecuada. Con la nueva autorización, ese punto pierde peso dentro del proceso judicial.

¿Qué impacto tiene en el proceso judicial?

La autorización elimina uno de los principales obstáculos legales en el caso, permitiendo que el juicio continúe con representación privada financiada por el Estado venezolano. También facilita la continuidad de las audiencias en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Maduro y Flores se han declarado no culpables de cargos como conspiración para narcoterrorismo e importación de cocaína, en un proceso que podría extenderse por uno o dos años.

Con el financiamiento de la defensa ya autorizado, el proceso entra en una nueva etapa en la que se prevé la reanudación de audiencias y la preparación del juicio formal.

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