Faltan tres del caso Rocha Moya por acudir ante la FGR

No hay riesgo inmediato de detención en México para los implicados del expediente de Estados Unidos que ya comparecieron ante la Fiscalía General de la República ni para los tres que faltan por presentarse, porque la diligencia se ha manejado como una entrevista dentro de una investigación federal y no como una imputación directa en territorio mexicano. 

Bajo ese antecedente, el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el hoy senador Enrique Inzunza Cázarez: Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra y Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la policía de investigación, acudieron a declarar sin ser detenidos.

Y todo apunta a que el mismo tratamiento se aplicará a quienes acudan en las próximas horas ante la FGR. Se trata de Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector y excomandante de la Policía Estatal de Sinaloa; y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán. Los tres también figuran dentro del expediente de los Estados Unidos.

Estados Unidos tiene una acusación radicada en el Distrito Sur de Nueva York e incluye al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros nueve implicados que estuvieron bajo su mando. Son señalados por presuntamente participar en una estructura de protección a los Chapitos. 

La acusación estadounidense identifica a los diez como funcionarios actuales o antiguos del gobierno de Sinaloa, de áreas de seguridad, de la Fiscalía estatal o del Ayuntamiento de Culiacán. El documento sostiene que habrían protegido operaciones del cártel de Sinaloa, facilitado información sensible, permitido el paso de drogas, alertado sobre operativos y recibido presuntos sobornos para favorecer a la facción de Los Chapitos.

El cargo central que Estados Unidos pretende fincarles es asociación delictuosa para la importación de narcóticos, relacionada con fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. Además, la acusación incluye señalamientos por el uso, porte y posesión de armas de fuego, incluidas ametralladoras y dispositivos destructivos, así como asociación delictuosa para poseer ese tipo de armamento. 

En el caso de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, también aparecen cargos por secuestro con resultado de muerte y asociación para cometer secuestro con resultado de muerte.

Entre los que ya comparecieron está Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. Estados Unidos lo ubica como jefe del Ejecutivo estatal desde noviembre de 2021 y sostiene que, desde esa posición, habría permitido que Los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa y colocaran funcionarios afines en áreas del gobierno estatal, local y de seguridad.

También declaró Enrique Inzunza Cázarez, actual senador por Sinaloa y exsecretario general de Gobierno en la administración de Rocha Moya. La acusación estadounidense lo presenta como un operador político que habría participado en acuerdos para que el gobierno sinaloense apoyara y protegiera al cártel a cambio de favores para mantener en el poder a funcionarios ligados al grupo.

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, también acudió ante la FGR. En el expediente de Estados Unidos aparece como autoridad municipal con control sobre la Policía Municipal de Culiacán y es señalado de permitir que Los Chapitos operaran en la capital sinaloense sin interferencia del gobierno.

Otro de los que ya compareció es Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de la Fiscalía de Sinaloa. La acusación lo señala por presuntamente recibir sobornos mensuales y por informar a Los Chapitos sobre operaciones contra laboratorios y miembros de esa facción, para que pudieran mover o destruir evidencias antes de los operativos.

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, también ya declaró ante la FGR. Estados Unidos lo acusa de haber recibido sobornos y de permitir operaciones de Los Chapitos en Sinaloa, incluido el traslado de químicos utilizados para producir fentanilo.

En otro bloque están los dos implicados que ya se entregaron a autoridades estadounidenses. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue señalado como responsable de supervisar a la Policía Estatal y de haber avisado a Los Chapitos sobre redadas contra laboratorios de droga, para que movieran drogas y equipo antes de los cateos.

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa, también se entregó a la justicia estadounidense. Presumen que actuaba como enlace entre Los Chapitos y Rocha Moya, y sostiene que antes de la elección de 2021 entregó nombres y direcciones de opositores para que fueran amenazados y obligados a retirarse de la contienda.

Los tres que faltan por comparecer pertenecen al nivel operativo de seguridad. Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, fue jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa después de Marco Antonio Almanza Avilés. La justicia de ese país lo acusa de haber recibido sobornos de Los Chapitos y de ordenar la liberación de integrantes de esa facción detenidos por actividades de narcotráfico.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, fue subdirector y comandante de la Policía Estatal de Sinaloa. El expediente lo señala por presuntamente recibir pagos mensuales de Los Chapitos, colocar agentes afines dentro de la corporación y avisar sobre operativos para que integrantes del grupo pudieran evadir detenciones.

Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, fue comandante de alto rango de la Policía Municipal de Culiacán. La acusación sostiene que habría recibido sobornos para él, sus mandos y más de 40 agentes municipales, y que habría usado policías y recursos de la corporación para ayudar a Los Chapitos a traficar drogas y mantener control sobre Culiacán.

Su caso es el más delicado entre los tres pendientes, porque Estados Unidos también lo vincula con el secuestro de una fuente confidencial de la DEA, Alexander Meza León, y de familiares de esa persona, algunos de los cuales habrían sido torturados y asesinados por sospechas de colaboración con autoridades estadounidenses.

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