Clausuran Ternium en Puebla por derrame y... ¡en NL aún no!

Las autoridades ambientales del país han mostrado dos caras con los derrames de la acerera Ternium: una, de severidad, en Puebla; y la otra, al menos hasta ahora, de laxitud, en Nuevo León.

Y es que, en Puebla, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades locales fueron severas, pues en enero pasado le clausuraron una planta por realizar descargas ilegales al río Atoyac, uno de los más contaminados del país.

Pero, en Nuevo León, esa posibilidad ni siquiera se ha manejado, a pesar de que la empresa derramó 400,000 litros de sustancias tóxicas —incluyendo cloruro de hierro— al arroyo La Talaverna, cuyas aguas terminan por desembocar en el río San Juan, del cual se alimenta la presa El Cuchillo, embalse con el que se suministra agua a la urbe regia.

Ternium es una acerera de nacionalidad argentina con amplia presencia en México y cuyo CEO es Máximo Vedoya, quien hasta marzo pasado presidía la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, la Caintra.

Sobre las posibles sanciones por el derrame en Nuevo León, lo único que han dicho la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente estatal es que esperan un reporte de la empresa para luego determinar las multas que le aplicarán.

En el caso de Conagua, el martes 22 de abril, cuatro días después de que ocurrió el derrame, se indicó que la sanción podría ser de $5 millones de pesos por cada infracción a la Ley de Aguas Nacionales.

En el caso de Medio Ambiente estatal, el 27 de abril la dependencia prometió “sanciones ejemplares” que hasta el momento no ha dado a conocer. Este escenario contrasta con lo ocurrido en Puebla, donde la Profepa clausuró temporalmente la planta de Ternium ubicada en el municipio de Xoxtla.

Dicha acción, ejecutada el 14 de enero pasado, se realizó tras una inspección días antes, cuando se constató que la siderúrgica realizaba descargas de aguas residuales sin contar con los permisos correspondientes. No se especificó qué tipo de sustancias descargaba ilegalmente la empresa, pero estas aguas llegaban a un afluente del río Atoyac, uno de los tres ríos más contaminados del país.

Por esto, la Profepa colocó sellos de clausura en el equipo de descarga, como parte del programa nacional de saneamiento anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla una inversión de $1,100 millones de pesos para recuperar la salud ambiental del Atoyac, Lerma-Santiago y Tula.

El proceso contra Ternium en Puebla aún se encuentra en fase de substanciación, pero la contundencia de las acciones contrasta con la tibieza de la respuesta en Nuevo León.

“De manera opuesta, en Puebla se prioriza el saneamiento de cuerpos de agua con medidas ejemplares y en Nuevo León persiste la preocupación por la falta de rigor en la aplicación de la ley”, señaló la Profepa en ese entonces.

En Nuevo León, el pasado 18 de abril, habitantes de San Nicolás, Guadalupe y Apodaca reportaron la presencia de un líquido de color café fluyendo por un canal del arroyo que atraviesa dichos municipios.

El afluente desemboca en la presa El Cuchillo, principal fuente de agua potable para Monterrey y su zona conurbada; el líquido recorrió más de 10 kilómetros, encendiendo las alarmas de organizaciones ambientales y ciudadanos.

Cuatro días después, la empresa Ternium admitió su responsabilidad en el incidente: la planta ubicada en Churubusco registró fallas en una bóveda de almacenamiento, lo que provocó la liberación de aproximadamente 400 metros cúbicos de cloruro ferroso y agua ácida.

En recorridos realizados por El Horizonte, se pudo constatar que, si bien hay trabajos de limpieza en marcha, el cauce aún muestra una tonalidad café que evidencia la presencia de óxido y la persistente contaminación.

Además, se observó un constante flujo de agua en el terreno afectado, lo que podría provocar que los residuos tóxicos lleguen al río San Juan, exacerbando el riesgo de una contaminación mayor al agua potable de toda la región.

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