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Coahuila

Avanza en un 40% la supervisión de los anexos en Coahuila

La Secretaría de Salud de Coahuila intensifica operativos en centros de rehabilitación. Se han suspendido 150 establecimientos


  • 07
  • Agosto
    2025

La Secretaría de Salud de Coahuila ha identificado 115 centros de rehabilitación dedicados al tratamiento de adicciones de sustancias prohibidas, dentro de un universo de más de 400 establecimientos registrados, pero que no manejan internamientos, como los doble A. 

La identificación forma parte de un operativo de supervisión que busca frenar irregularidades, riñas y situaciones de riesgo en estos espacios, informó el subsecretario de Salud, Iván Moscoso Hernández.

De acuerdo con el funcionario, actualmente se ha logrado avanzar en 40% en las visitas de verificación a estos anexos, priorizando las regiones con mayor problemática como Saltillo, Torreón y la Región Centro. 

Hasta el momento, 150 establecimientos han sido suspendidos por no cumplir con las condiciones mínimas de operación, o por carecer de permisos sanitarios y avisos de funcionamiento, entre los que se encuentran también los centros de Alcohólicos Anónimos. 

“Durante las inspecciones se revisan condiciones de higiene, manuales de operación, protocolos de atención, y si no cumplen, se les advierte o suspende su funcionamiento”, señaló Moscoso Hernández. 

Agregó que en algunos casos los responsables desconocen los requisitos establecidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones, por lo que la Secretaría les brinda orientación para regularizarse.

Los centros supervisados han mostrado, en su mayoría, disposición para atender las observaciones; sin embargo, también se ha detectado que algunos operan en la clandestinidad o se trasladan de lugar para evadir los controles. 

La autoridad estatal atiende todas las denuncias ciudadanas y realiza visitas sorpresa para verificar las condiciones de los centros no registrados.

El operativo estatal busca no solo sancionar, sino también establecer un marco legal más robusto en coordinación con municipios y el Congreso del Estado, para garantizar que estos espacios funcionen de forma segura, digna y con respeto a los derechos humanos.


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