Avalan diputados ley de extorsión con penas de hasta 42 años

La Cámara de Diputados aprobó el martes, con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, la minuta en materia de extorsión devuelta por el Senado, con la que se crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

La normativa contempla castigos que pueden alcanzar hasta 42 años de prisión en casos agravados y deberá ser ratificada por la mayoría de los congresos locales para que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda publicarla en el Diario Oficial de la Federación.

✅ El Pleno aprobó la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de #Extorsión, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de otros ordenamientos legales. https://t.co/eCdM62TgoZ

— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 26, 2025

La ley establece que quien obligue sin derecho a otra persona a entregar, hacer o permitir algo, con fines de beneficio propio o ajeno, enfrentará entre 15 y 25 años de cárcel, además de multas de 300 a 500 UMA.

Cabe señalar que dicha decisión eleva significativamente los rangos previstos originalmente, de 6 a 15 años, y responde a preocupaciones del Senado sobre posibles reducciones de pena para personas ya condenadas.

Por primera vez, el texto exige que las autoridades actúen “con pleno respeto a los derechos humanos”, una disposición que no figuraba en la versión previa.

Senado ajusta la reforma y Monreal defiende el proceso bicameral

Durante la discusión, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que, aunque cuestiona la estrategia de endurecer penas como única respuesta, se allanaría a los cambios realizados por la Cámara Alta.

Rechazó también los señalamientos sobre “narco gobiernos”, subrayando que la revisión entre cámaras es un ejercicio natural dentro del Congreso.

“Soy garantista, y a pesar de que voy a votar esta reforma, soy garantista”, afirmó.

Unidades especializadas y sanciones agravadas para funcionarios

La ley obliga a que fiscalías federales y locales integren unidades especializadas con personal capacitado, evaluado y certificado para atender delitos de extorsión, mientras estas áreas entran en operación, serán las unidades antisecuestro las que investiguen de manera provisional los casos.

Cuando servidores públicos o autoridades penitenciarias faciliten la comisión del delito, la pena aumentará entre 3 y 5 años adicionales.

Funcionarios que omitan denunciar actos de extorsión ante el Ministerio Público podrán recibir entre 10 y 20 años de prisión.

Sanciones por introducir tecnología a penales y destino de recursos

El dictamen también contempla penas de 6 a 12 años de cárcel para quienes introduzcan sin autorización a centros penitenciarios dispositivos electrónicos con capacidad de transmitir datos, voz o imágenes.

Además, los recursos producto de decomisos o de la extinción de dominio derivados de casos de extorsión serán canalizados preferentemente a la restitución de derechos de las víctimas.

Con la aprobación en San Lázaro, la reforma avanza hacia su fase final, a la espera del respaldo de los congresos estatales para convertirse en ley.

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