`Plan B´ de Morena va por la reforma electoral

Morena se prepara para activar una ruta alterna tras el rechazo de la reforma electoral constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados. Lo que buscará ahora es rescatar, por la vía de leyes secundarias, los cambios operativos, de fiscalización, tecnología electoral y organización de comicios que no exigen tocar la Constitución, mientras quedan fuera los puntos centrales que requerían mayoría calificada, como el rediseño de los plurinominales y el recorte directo al financiamiento público de los partidos. 

•    La ruta que sí puede seguir Morena

En el llamado Plan B en lugar de insistir en cambios a la Carta Magna, buscaría modificar leyes secundarias del sistema electoral, donde la aprobación exige mayoría simple y no una votación de dos terceras partes. En esa ruta, la pieza central es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, considerada la norma que regula la operación práctica del INE, pero también entrarían la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Ese margen permite intentar cambios inmediatos en la fiscalización de campañas, en los controles contra el dinero ilícito, en la regulación del uso de inteligencia artificial, en el voto electrónico, en el voto de mexicanos en el extranjero, en los tiempos de campaña, en el PREP y en reglas de participación ciudadana y acciones afirmativas. También abre la puerta a recortes en estructuras operativas del INE y de los organismos electorales locales, bajo el argumento de austeridad, sin tocar la fórmula constitucional de financiamiento directo a los partidos.

•    Lo que no podrá modificar

El límite más claro del Plan B está en los temas que la propia Constitución fija de manera expresa. El primero es la representación plurinominal y la integración del Congreso. La Constitución establece la composición de la Cámara de Diputados y del Senado, así como las bases de representación proporcional, en los artículos 52, 53 y 56. Eso significa que no puede cambiarse por una ley secundaria el método de elección de diputados plurinominales ni la conformación del Senado.

El segundo candado está en el financiamiento público a los partidos. El artículo 41 constitucional dispone que la ley debe garantizar a los partidos recursos públicos para sus actividades y fija la base para calcular ese financiamiento. 

Por eso, el recorte directo a las prerrogativas tampoco puede entrar en el Plan B. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, lo dijo de forma expresa al advertir que sería imposible trasladar por leyes secundarias ni el tema de plurinominales ni la reducción del financiamiento público a los partidos.

En términos legislativos, además, hay otro freno. El artículo 72, inciso G, de la Constitución señala que todo proyecto desechado en su Cámara de origen no podrá volver a presentarse en las sesiones del año. En otras palabras, una vez rechazado el paquete constitucional, Morena no puede reingresar este mismo año la misma reforma de rango constitucional y por eso la única salida inmediata es la legislación secundaria.

•    Las leyes secundarias que serían tocadas

La ley más importante en esta fase es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales -LGIPE-, porque ahí se concentran la organización de las elecciones, el padrón, los procedimientos técnicos, la fiscalización y buena parte de la operación cotidiana del sistema electoral. Modificar esa norma permitiría mover reglas de vigilancia del dinero en campañas, procedimientos de cómputo, funcionamiento del PREP, logística electoral y, en su caso, introducir mecanismos graduales de voto electrónico. 

A esa reforma se sumarían cambios a la Ley General de Partidos Políticos, para ajustar reglas internas y obligaciones de los institutos políticos, y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, donde se fijan los procedimientos de justicia electoral y resolución de controversias. Es decir, el Plan B no apunta a redibujar el sistema político desde la Constitución, sino a reordenar su funcionamiento desde la legislación reglamentaria.

•    Los puntos que Morena sí podría empujar

Dentro de ese margen, Morena sí podría endurecer la fiscalización para cerrar el paso al dinero del narcotráfico y a recursos ilícitos en campañas, reforzar la vigilancia financiera del INE y de otras autoridades, regular el uso de inteligencia artificial en propaganda y campañas, e introducir reglas para nuevas herramientas tecnológicas. También podría empujar incentivos para el voto de mexicanos en el extranjero, ajustes a tiempos de campaña y reglas de participación ciudadana, además de cambios al PREP y a los cómputos distritales.

Otra parte del Plan B pasa por la austeridad. Aunque la Constitución impide recortar por esa vía las prerrogativas directas de los partidos, sí hay margen para reducir costos en estructuras de operación y organización electoral. Esa es una de las áreas donde Morena ve espacio para insistir sin invadir materia constitucional.

En el corto plazo, la discusión no sólo responde al revés legislativo de esta semana, sino a la necesidad de ajustar reglas de operación para los procesos que vienen, entre ellos la revocación de mandato de 2027 y las siguientes obligaciones electorales derivadas de la reforma judicial.

•    Sheinbaum ya había anticipado la ruta alterna

La presidenta Claudia Sheinbaum había dejado abierta esta salida desde antes del desenlace en San Lázaro. En su conferencia matutina del 4 de marzo, al ser preguntada sobre qué ocurriría si no conseguía la mayoría calificada, respondió de manera breve que sí tenía un plan alternativo, pero que se conocería después. Cuando se le insistió sobre si ese Plan B iría hacia leyes secundarias, volvió a cerrar la respuesta y pidió no adelantarse. Ese mismo día defendió su propuesta sobre plurinominales y sostuvo que su idea no era eliminar la representación proporcional, sino evitar que las listas fueran definidas por cúpulas partidistas.

El Plan A, que pretendía modificar 11 artículos constitucionales y empujar cambios en representación, financiamiento y gasto electoral, ya fue frenado. El Plan B, en cambio, queda acotado a las reglas prácticas del sistema. Ahí es donde Morena concentrará ahora su ofensiva legislativa.

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