Sheinbaum pide a la Suprema Corte explicar compra de camionetas

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informar y justificar públicamente la adquisición de camionetas blindadas para sus ministras y ministros.

Durante su conferencia matutina desde Veracruz, la mandataria explicó que la Secretaría de Gobernación solicitó información al Comité de Administración del máximo tribunal y recibió una nota en la que se reporta un cambio en la estrategia de arrendamiento por compra de vehículos.

“Nos dieron una nota informativa de que había un contrato de renta y se decidió sustituir por la compra y que en este proceso se ahorraron más de mil millones de pesos”, expuso.

Sin información sobre amenazas

Sheinbaum aclaró que el Gobierno federal no tiene datos sobre posibles riesgos contra integrantes del Poder Judicial y subrayó que ese tipo de detalles deben ser aclarados por la propia Corte.

“Yo informo de lo que preguntamos ayer y de la información que amablemente nos pasaron. La Corte tiene que informar”, sostuvo al ser cuestionada sobre si existía alguna amenaza que motivara el blindaje.

La compra de las camionetas

La polémica se desató tras conocerse que la SCJN renovó su flotilla con nueve camionetas blindadas de alta gama, con un costo estimado de hasta $3 millones de pesos por unidad, lo que implicaría una erogación cercana a $27 millones de pesos.

Cada ministra y ministro recibiría un vehículo tipo Jeep Grand Cherokee, según información difundida por el propio tribunal.

En un comunicado, la Corte afirmó que la decisión busca garantizar condiciones adecuadas de seguridad para quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad y que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares necesarios.

El máximo tribunal explicó que la compra se realizó con base en su normativa interna vigente desde 2019, que establece la renovación periódica de vehículos cada cuatro años o antes si dejan de ser seguros.

También aseguró que la adquisición se acompañó de la baja de un parque vehicular mayor al incorporado, con el objetivo de no incrementar el gasto total de la institución.

“La decisión reafirma nuestro compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos”, indicó la SCJN.

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