Colectivo urge a Congreso estatal a aplicar normas de movilidad

El colectivo Transporte Digno Saltillo advirtió que la falta de actualización legislativa mantiene detenidas acciones clave para ordenar la movilidad urbana y reducir muertes que, aseguran, son totalmente prevenibles. Marco Polo Hernández, integrante del grupo ciudadano, señaló que el Congreso local ha dejado de cumplir obligaciones fundamentales que permitirían transformar la manera en que se diseñan y operan las vialidades en Coahuila.

Hernández subrayó que uno de los pendientes más graves es la aplicación obligatoria de la NOM 004 SEDATU 2023, la cual establece criterios técnicos para construir vialidades seguras y priorizar a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. La norma plantea que las calles deben funcionar como la base de un sistema de movilidad que reduzca traslados innecesarios de personas y mercancías, algo que —denuncian— no se está cumpliendo.

Otro punto crítico es la señalización vial, regulada por la NOM-034-SCT2-SEDATU-2022, que tampoco se aplica adecuadamente en el estado. “La señalización… a veces cada quien la hace como se le da Dios a entender”, lamentó Hernández. Incluso criticó que autoridades utilicen términos incorrectos. “No es señalética. La señalética es para identificar mi restaurante. La señalización debe ser universal y autoexplicable.”

'Las calles deben pacificarse, no llenarse de puentes'

El colectivo también urgió a implementar medidas de pacificación vial, como establecer límites de velocidad acordes al entorno urbano. Hernández recordó el reciente caso de un hombre que murió atropellado en Saltillo y cuestionó la respuesta institucional. “Hay un cruce peatonal y la solución de la autoridad es poner puentes antipeatonales. No. Lo correcto es diseñar infraestructura para que las personas crucen a nivel de piso.”

Para Transporte Digno Saltillo, la armonización normativa también implica revisar prácticas institucionales y unificar criterios en los reglamentos municipales de tránsito. Proponen que todas las dependencias adopten oficialmente el término “siniestro vial”, pues —afirman— no se trata de accidentes inevitables. “A la autoridad le espanta; dice ‘accidente’. No, no es accidente. Nunca hay un accidente, es siniestro.”

Una crisis de salud pública ignorada

Los datos respaldan la urgencia: los siniestros viales son la primera causa de muerte entre personas de 4 a 24 años y la segunda entre 25 y 44 años. Para el colectivo, estas cifras evidencian que el Congreso local no puede seguir retrasando la armonización de la ley y que los municipios deben adoptar criterios técnicos que garanticen calles más seguras.

“Cada día que se pospone la actualización normativa, se siguen perdiendo vidas que pudieron salvarse con decisiones correctas y con infraestructura adecuada”, advirtió Hernández.

El colectivo llamó a las autoridades a priorizar la seguridad vial como una política pública urgente y no como una tarea secundaria dentro de la gestión municipal.

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