Ecuador decreta estado de excepción por alza de precio del diésel

Este martes el gobierno de Ecuador declaró el estado de excepción en siete provincias debido a protestas por la subida de precio en el diésel y que dejaron bloqueos en vías importantes del país.

El mandatario Daniel Noboa argumentó que la medida se debe a “las paralizaciones que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta" y afectando el "derecho a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas”.

Las provincias afectadas son Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo.

Las provincias afectadas son Carchi, fronteriza con Colombia; Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo.

Durante este martes, al menos 700 personas, entre las que se encuentran estudiantes de universidad y trabajadores, fueron detenidas en la manifestación pacífica que se llevó a cabo en el centro-norte del país en contra del alza del precio del diésel.

Las protestas, aunque en la mayor parte del tiempo fueron pacíficas, en momentos derivaron en roces con la policía, especialmente cuando circulaban cerca del Palacio de Gobierno, pero no pasó a mayores.

Estas protestas se derivan de la decisión del Poder Ejecutivo de eliminar un subsidio de $1,100 millones de dólares al diésel, el cual es utilizado por el transporte pesado, de pasajeros, el sector agrícola, entre otros; lo que produjo que el galón del combustible pasara de costar $1.80 a $2.80.

También y con la intención de reducir el impacto de la medida tomada por el Ejecutivo, las autoridades ecuatorianas ofrecieron el pago de compensaciones monetarias que van desde los $400 a $1,000 dólares mensuales a los transportistas y programas de apoyo social y agrícola, así como la entrega de tractores.

Durante el fin de semana se reportaron protestas menores, pero la víspera importantes vías amanecieron bloqueadas por grandes vehículos de carga.

El gobierno ha advertido que está abierto al diálogo, pero no “a la negociación ni a la extorsión” por parte de los sectores afectados. Añadió que no cederá en su decisión de eliminar el subsidio y usar esos fondos para beneficiar a quienes realmente lo necesitan.

Desde que Noboa asumió el cargo por segunda vez en mayo, ha puesto en marcha una política de ajuste fiscal que ha incluido el despido de miles de trabajadores y la reclasificación de los salarios de los empleados estatales.

Apenas en junio el gobierno federal también creó un impuesto para la gran minería y eliminó el subsidio para los combustibles en el sector pesquero industrial.

Comentarios