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Internacional

Solicitan por segunda vez remover a presidenta de Perú

Un grupo de legisladores busca remover a la presidenta Dina Boluarte por salir de Perú sin dejar en el país a un vicepresidente a cargo de la administración.


  • 12
  • Octubre
    2023

Un grupo de legisladores peruanos presentó el jueves un pedido para remover de su cargo a la presidenta Dina Boluarte “por incapacidad moral” —la segunda solicitud de ese tipo en lo que va de su gestión de menos de un año— en momentos en que la mandataria realiza un viaje oficial por Alemania y el Vaticano.

Boluarte inició su gobierno el 7 de diciembre de 2022 en reemplazo de su antecesor Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta. El trámite para remover a un mandatario en Perú requiere de otras dos votaciones en un plazo de al menos 14 días.

El pedido ocurrió poco antes de una marcha pacífica que congregó a unos 2,000 manifestantes en Lima y los Andes del sur donde se pidió la renuncia de la mandataria por su supuesta responsabilidad en la muerte de más de 60 peruanos en previas marchas antigubernamentales.

En Lima cientos de policías, con porras y escudos, formaron una barrera que impidió el avance de los manifestantes hasta el Parlamento. Los que protestaban también exigían la renuncia de todos los miembros del Legislativo, la institución más impopular entre todos los organismos públicos, según las encuestas.

“Nos quieren pisotear a todos como a hormigas”, dijo Teodosia Cahuaya, una campesina de 61 años, que caminó por las calles de Lima e indicó que fue a protestar desde Desaguadero, una ciudad del sur fronteriza con Bolivia. “Dina Boluarte algún día pagará por los muertos”, añadió mientras apretaba con su puño derecho una bandera peruana.

Cargando un letrero que tenía la imagen de la presidenta protegida por policías junto a la frase “gobierno de la muerte”, Maritza Campos, una mecánica de motocicletas de 26 años y madre de dos, dijo que le parecía “irónico” que el gobierno convoque a cientos de policías para detener una marcha, pero que los agentes no podían controlar el incremento de la delincuencia.

“Yo digo qué carajos hacen acá parados los policías, mientras la delincuencia nos está acabando, mientras nos roban y nos extorsionan”, indicó a pocos metros de la barrera policial. Las extorsiones en Perú aumentaron en más de 50%, llegando a la cifra de 12,730 denuncias registradas, entre enero y agosto de 2023, en comparación con el mismo periodo de 2022, según datos difundidos por la policía.

En abril un grupo de legisladores presentó un primer pedido para remover a Boluarte que no avanzó por falta de votos de la mayoría de miembros del Congreso unicameral. Aquella solicitud apenas sumó los 26 votos iniciales para entregar el pedido al Parlamento, pero no obtuvo los 52 votos obligatorios que se necesitaban para discutir y tampoco los 87 votos para ejecutar el pedido de destitución.

Esta vez el principal argumento de los legisladores que buscan removerla indica que Boluarte infringió la ley porque salió de Perú sin dejar en el país a un vicepresidente a cargo de la administración, una exigencia de la Constitución.

Boluarte no había podido viajar al extranjero desde el inicio de su mandato, ya que no tiene vicepresidente. Por ello, el Congreso, un aliado frecuente de la mandataria, modificó la ley en junio para permitirle salir y gobernar desde el extranjero durante un viaje oficial, incluso en caso de no tener vicepresidentes. Eso permitió que Boluarte asistiera en agosto a Brasil a una cumbre presidencial por la Amazonía.

La semana pasada Boluarte recibió el permiso del Parlamento para viajar a Alemania y el Vaticano, para reunirse el viernes con el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y el sábado con el papa Francisco.

Boluarte sucedió a Castillo quien, en medio de investigaciones por corrupción en su contra, intentó disolver el Parlamento y gobernar por decreto, pero no fue apoyado por la élite empresarial, ni las fuerzas de seguridad. Castillo fue destituido por incapacidad moral por el Parlamento y fue apresado. En la actualidad, Castillo está preso de forma preventiva por tres años mientras es investigado por corrupción y rebelión.


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