Bloquean CEDES llamadas para frenar extorsiones desde los penales

En Tamaulipas, los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) han reforzado sus medidas de seguridad mediante tecnología diseñada para bloquear las llamadas telefónicas desde el interior de los penales y así prevenir extorsiones hacia la población. 

Esta acción se dio a conocer durante un recorrido por el reclusorio de Altamira, que abrió sus puertas a medios de comunicación tras más de 20 años.

Uno de los puntos centrales del recorrido fue la presentación de los inhibidores de señal, dispositivos que se han instalado en los cinco centros penitenciarios del estado para impedir que internos realicen llamadas ilegales. 

Cada antena tiene un radio de cobertura que permite neutralizar las comunicaciones en zonas críticas, atribuyendo cualquier intento de conexión a la red al perímetro del penal, explicó Juan Antonio Sánchez Ruiz, subsecretario de CEDES en Tamaulipas.

Para la adquisición de esta tecnología se destinaron alrededor de 124 millones de pesos en la compra de 40 inhibidores, los cuales fueron distribuidos en los reclusorios de Tamaulipas. 

Sánchez Ruiz señaló que estos equipos requieren actualizaciones constantes y trabajos de mantenimiento cada seis meses para garantizar su funcionamiento.

La implementación de estas medidas forma parte de las estrategias que evalúa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo ante el cual la entidad ha mejorado su calificación en los últimos años. 

La directora del CEDES Altamira, Yolanda Garibay Caballero, destacó que la correcta operación de los protocolos de seguridad contribuyó a obtener mejores evaluaciones en la protección de los derechos de los internos.

Actualmente, los CEDES de Tamaulipas albergan a más de cuatro mil internos y, gracias a las acciones aplicadas, la entidad ha logrado avanzar hasta el lugar número 19 en materia de seguridad penitenciaria a nivel nacional.

Sánchez Ruiz destacó que esto se logró tras la aplicación de protocolos administrativos y de seguridad más estrictos.

En el caso específico del penal de Altamira, se cuenta con una población de 823 personas privadas de la libertad, entre ellas 68 mujeres y dos bebés hijos de internas, quienes permanecen en un área adaptada para sus necesidades. 

El centro también dispone de talleres productivos, programas de reinserción social, áreas médicas, espacios deportivos y actividades educativas y culturales, con el objetivo de ofrecer verdaderas oportunidades de cambio para quienes cumplen una condena,

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