Exigen videograbar denuncias y procesos de custodia en Coahuila

En el marco de una movilización nacional simultánea, colectivos ciudadanos se manifestaron este viernes frente al Tribunal Superior de Justicia y el Congreso del Estado para exigir mayor transparencia en los procesos de custodia y convivencia familiar.

Integrantes de las asociaciones “No más hijos rehenes México, A.C.” y “Padres por la Verdad” demandaron la implementación obligatoria de registros audiovisuales en entrevistas y denuncias, como mecanismo para fortalecer la certeza jurídica en los casos.

La abogada Brenda Zavala de la Peña, delegada estatal de “No más hijos rehenes”, presentó un pliego petitorio en el que se solicita que todas las entrevistas realizadas en el Centro de Evaluación Psicosocial, así como las denuncias ante la Fiscalía General de Coahuila, sean videograbadas.

“Buscamos evitar que se modifiquen versiones o dictámenes entre la denuncia inicial y el juicio oral. En 2025, en al menos seis de cada diez casos, las personas no tenían certeza de lo que habían declarado originalmente”, señaló.

De acuerdo con los colectivos, la falta de registros digitales abre la puerta a inconsistencias en los procesos e incluso a la posible fabricación de denuncias falsas.

Como parte de la protesta, los manifestantes también acudieron al Congreso local para entregar una iniciativa de ley —impulsada desde 2025 y presentada de forma simultánea en varios estados— que plantea reformar los procedimientos penales. 

La propuesta busca que las videograbaciones se integren como pruebas dentro de las carpetas de investigación y permitan la realización de metaperitajes.

“Queremos leyes justas, parejas y transparentes para hombres y mujeres”, subrayó Zavala de la Peña.

Por su parte, el colectivo “Padres por la Verdad” destacó que su demanda se centra en el interés superior de la niñez, particularmente en garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a convivir con ambos progenitores y su familia extendida.

El grupo, que representa a más de 100 personas en Coahuila, solicitó además la reactivación de mesas de trabajo con autoridades judiciales, suspendidas por causas que, aseguran, no les han sido informadas.

Según datos de la asociación, los casos documentados abarcan municipios como Monclova, Acuña, Piedras Negras y Torreón, con procesos que en algunos casos se han prolongado hasta siete años sin permitir la convivencia familiar, debido a diagnósticos psicológicos que consideran cuestionables.

Zavala de la Peña señaló que, aunque entidades como Chihuahua y Baja California registran avances en la materia, en Coahuila y Nuevo León también se han logrado resultados, incluida la remoción de jueces señalados por obstaculizar procedimientos.

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