Corte migratoria de San Francisco cierra por falta de jueces

El principal tribunal de inmigración de San Francisco, el cual contaba con 21 jueces al momento en que el presidente Donald Trump asumió el cargo el año pasado, contaba con apenas dos magistrados al momento de cerrar sus puertas a principios de este mes.

Los demás fueron despedidos, se jubilaron o renunciaron en medio de una purga impulsada desde la Casa Blanca. Los dos jueces restantes seguirán trabajando en otro edificio federal en la ciudad, pero formarán parte de un tribunal de inmigración al otro lado de la bahía.

El cierre es un reflejo más de la agitación que ha trastocado el sistema de tribunales de inmigración de Estados Unidos mientras el gobierno busca la manera de abrirse paso entre los 3,8 millones de casos de asilo que tiene acumulados y deportar a la mayor cantidad de personas que le sea posible.

Las tasas de rechazo de solicitudes de asilo se han disparado mientras el gobierno ha despedido a casi 100 jueces por ser considerados como demasiado liberales, utilizando a cientos de abogados militares para reemplazarlos. Inmigrantes han sido arrestados a su llegada a los tribunales u oficinas de gobierno para asistir a comparecencias programadas.

Pero, en medio de la convulsión a nivel nacional, San Francisco es la primera metrópolis del país que se queda sin su principal tribunal de inmigración, provocando caos y disfunción en una región conocida desde hace tiempo por su trato favorable a los solicitantes de asilo. Esa reputación, dicen los analistas, pudo haber contribuido a su caída.

“Era un entorno jurídico vibrante y, por eso creo que si uno buscaba ir contra un tribunal, tendría que analizar a fondo lo que representa San Francisco”, señaló Jeremiah Johnson, juez de inmigración en la ciudad hasta que fue despedido en noviembre. Actualmente es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.

La mayoría de los 117.000 casos de inmigración del tribunal han sido trasladados a un juzgado en Concord que fue abierto hace dos años para asistir con el retraso de casos en San Francisco. Pero la agitación también ha llegado a esa ciudad, ubicada a unos 50 kilómetros (30 millas) de distancia.

Un juzgado que tenía 11 jueces al inicio de 2025 ha quedado reducido a apenas cinco luego de una serie de despidos. Por si fuera poco, el tribunal ya manejaba una carga de 60.000 casos, incluso antes de recibir los casos de San Francisco.

El tribunal de inmigración de San Francisco, que manejaba la tercera mayor cantidad de casos de asilo del país, fue considerado durante mucho tiempo como uno de los más favorables para los solicitantes de asilo. De 2019 a 2024, casi el 75% de los solicitantes recibió algún tipo de alivio, en comparación con el 43% a nivel nacional, según datos recopilados por Transactional Records Access Clearinghouse, un centro de investigación de datos sin fines de lucro con sede en la Universidad de Syracuse.

Eso se debe en parte a que San Francisco, con su vasta red de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y servicios legales gratuitos o de bajo costo, tenía una de las tasas más altas del país de representación legal para inmigrantes.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración de Estados Unidos (EOIR por sus siglas en inglés), la dependencia del Departamento de Justicia que supervisa a los tribunales de inmigración, anunció en marzo el cierre de la corte de San Francisco para 2027 como una medida de ahorro y señaló que trasladaría sus casos a Concord. Pero su final llegó antes de tiempo, luego de que el lugar perdió a la inmensa mayoría de sus jueces. La EOIR no ofreció una explicación detallada de los cambios y se limitó a señalar en un comunicado que decidió no renovar el contrato de arrendamiento del tribunal, y que no comenta sobre asuntos de personal.

Seguridad estricta en los tribunales de Concord
La seguridad es estricta en el juzgado de Concord, quizá debido a la nueva afluencia de casos. Guardias de seguridad armados preguntan a todo aquel que ingresa si porta armas o explosivos. Se mantienen atentos mientras cada persona apaga su teléfono celular. No se permite ni siquiera un café, sólo agua y debe ir en botella transparente.

Judah Lakin, un abogado de inmigración con sede en Oakland y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de California, campus Berkeley, destacó que el cierre del tribunal en San Francisco ha hecho que los casos requieran de más tiempo, ya que a sus clientes —que a menudo viajan desde otras localidades— tienen más problemas para llegar a Concord en transporte público.

Tuvo que viajar más de dos horas para una audiencia reciente de 10 minutos en Concord, señaló.

Pero más allá de la logística, Lakin aseguró que el caos en los tribunales de inmigración en el actual gobierno de Trump ha creado un ambiente tenso. Los despidos a gran escala han provocado cancelaciones de audiencias a última hora, se han reprogramado casos con poco aviso y los clientes a menudo quedan en un limbo legal que los deja vulnerables a la deportación.

Uno de sus clientes recibió asilo provisional de parte de un juez, que fue despedido antes de firmar la decisión, explicó Lakin. El caso se transfirió a un segundo juez, quien también fue despedido. Ahora su cliente sigue a la espera mientras un tercer juez analiza el caso.

“El panorama cambia constantemente, ya sea porque despiden a jueces y cancelan audiencias, porque arrestan a tu cliente o porque llegan rechazos en asuntos que antes eran de rutina", indicó Lakin.

“Creo que eso es a propósito. Es deliberado. Es parte de la estrategia”, puntualizó.

El tribunal de San Francisco ya fue desmantelado
El tribunal de inmigración de San Francisco fue uno de los primeros del país en contratar a jueces cuya trayectoria no estaba vinculada con la fiscalía; muchos tenían experiencia previa con inmigrantes, trabajando en organizaciones sin fines de lucro o defendiéndolos en tribunales.

Ver el cierre del tribunal es “desgarrador”, subrayó Dana Leigh Marks, exjueza de inmigración de San Francisco que se jubiló en 2021 luego de 35 años en el estrado y quien fue una primeras juezas del país contratadas desde la práctica privada.

La jueza considera que la decisión del gobierno federal de cerrar el tribunal de inmigración más grande del norte de California es parte de un esfuerzo por socavar el debido proceso y desmantelar eventualmente la vía hacia el asilo.

“Todo esto forma parte de las formas grandes y pequeñas en que el gobierno de Trump está tratando de sacar a los extranjeros del país”, explicó.

Johnson, el juez despedido de San Francisco, fue nombrado al cargo durante el primer gobierno de Trump. Cree que fue despedido porque concedió asilo en el 89% de sus casos.

“No despides jueces por no estás de acuerdo con la manera en que llevan un caso; así no funcionan los tribunales. Si no estás de acuerdo, apelas esa decisión”, comentó.

Johnson, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, defendió su historial judicial y señaló que, en ocho años, el Departamento de Seguridad Nacional sólo apeló alrededor de 10 de sus casos, y muy pocos de ellos fueron enviados de regreso para una nueva audiencia.

A diferencia de los tribunales federales, donde hay estrictas reglas de procedimiento y los jueces tienen nombramientos vitalicios, el Departamento de Justicia administra los tribunales de inmigración, y el titular de la agencia puede despedir a los jueces sin tantas restricciones.

Al inicio del segundo mandato de Trump había 754 jueces de inmigración en todo el país. Actualmente hay alrededor de 600, incluidos algunos jueces temporales, según datos recopilados por el sindicato de jueces. Los arrestos generalizados de inmigrantes en los tribunales han hecho que cientos de personas ni siquiera se presenten a sus audiencias, dando como resultado órdenes de deportación en ausencia.

Nidaa Pervaiz se presentó recientemente en un tribunal de Concord para representar a un cliente de Nepal. En algunos aspectos, prefiere el nuevo juzgado, debido a que está más cerca de su casa.

Pero, señaló, ella y sus clientes ya resiente el impacto de los cambios. Menos jueces significa menos audiencias. Eso implica más demoras para sus clientes, cuyos documentos pueden expirar incluso antes de que puedan comparecer ante un juez.

“Toda su vida está en juego, y vienen a pedir por su futuro”, recalcó.

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