Condenan a 16 militares por desaparición de menores en Ecuador

El Tribunal Penal de Guayaquil dictó este 22 de diciembre de 2025 sentencia condenatoria en el denominado caso Las Malvinas y declaró culpables a 16 militares por la desaparición forzada de cuatro menores ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en el sur de la ciudad.

Con Jovanny Suárez como juez ponente, el Tribunal acogió las penas solicitadas por la Fiscalía e impuso condenas de hasta 34 años y ocho meses de prisión, además de medidas de reparación integral, satisfacción y garantías de no repetición.

Responsabilidad penal por desaparición forzada

De acuerdo con el fallo, los jueces establecieron que los adolescentes Ismael y Josué Arroyo, Steven Gerald Medina y Nehemías Arboleda fueron interceptados durante un operativo militar y privados ilegítimamente de su libertad, configurándose el delito de desaparición forzada cometido por agentes del Estado, uno de los más graves en la legislación ecuatoriana.

El Tribunal concluyó que existió responsabilidad penal directa de los procesados, tras valorar testimonios, peritajes e informes técnicos que acreditaron la privación ilegal de la libertad y la participación de los militares.

Once militares, John Henry Zavala, Wilson Alfredo Cueva, Wilmer López, Jonathan Galeas, Rodrigo Núñez, Stalin Pilay, Sergio Véliz, Lister López, Jhon Tagle, Bryan Naranjo y David Correa Asimbaya, fueron sentenciados a 34 años y ocho meses de prisión, al determinarse su participación directa en los hechos.

Otros cinco militares, Nelson Sagnay, Carlos Macato, Álex Antamba, Moisés Loor y Christian Aucapiña, recibieron penas de 30 meses de prisión, al ser reconocidos como cooperadores eficaces por su colaboración en el esclarecimiento del caso.

Absolución de un oficial y postura de la Fiscalía

Durante la lectura de la sentencia, el Tribunal ratificó la inocencia del teniente coronel Juan Francisco Iglesias, señalado inicialmente como presunto cómplice.

El juez ponente indicó que no se acreditó prueba directa ni indirecta de su responsabilidad penal.

El fiscal del caso, Christian Fárez, afirmó que con el fallo “se obtuvo justicia para las víctimas” y sostuvo que la gravedad de los hechos exigía sanciones proporcionales y un pronunciamiento claro sobre la responsabilidad de los implicados.

Medidas de reparación integral

Además de las penas de prisión, el Tribunal ordenó disculpas públicas en medios de comunicación nacionales, una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura y la colocación de una placa con los nombres de las víctimas.

También dispuso capacitaciones obligatorias en derechos humanos para personal militar, con al menos 120 horas anuales, y la rectificación pública de versiones que estigmatizaron a los menores, aclarando que fueron víctimas inocentes de un crimen de Estado.

Hallazgo de los cuerpos y cierre de la primera instancia

Los menores desaparecieron el 8 de diciembre de 2024 tras ser subidos a patrullas militares y abandonados en la parroquia Taura.

Sus cuerpos fueron hallados el 24 de diciembre en un manglar del sector, hecho que conmocionó al país.

El Tribunal dio por concluida la fase de juzgamiento en primera instancia, quedando las partes habilitadas para presentar los recursos legales correspondientes. 

La decisión sienta un precedente en el juzgamiento de delitos cometidos por agentes del Estado durante operativos de seguridad.

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