FGR abre investigación por solicitud de EUA contra Rocha Moya
La Fiscalía anunció que revisará las pruebas para su extradición y advirtió que la petición carece de evidencia suficiente y actuará conforme a la ley
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Abril
2026
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que iniciará una investigación propia tras la solicitud del gobierno de Estados Unidos para detener con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otras nueve personas.
La institución precisó que la petición internacional, emitida por un juez estadounidense, no está acompañada de “elementos probatorios suficientes” que acrediten de forma contundente los señalamientos, relacionados con presuntos vínculos con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
#AlMomento Mensaje a medios del Dr. @UlisesLaraLopez, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta Fiscalía, con relación a la información dada a conocer este día por autoridades de los #EUA sobre funcionarios de #Sinaloa.
— FGR México (@FGRMexico) April 30, 2026
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Revisión legal y apertura de investigación
El vocero de la FGR, Ulises Lara López, explicó que, conforme a la ley, se debe analizar la documentación enviada por Estados Unidos para determinar si existen pruebas que sustenten la solicitud.
“Es obligación de esta fiscalía […] analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios”, señaló.
De forma paralela, la FGR abrirá una investigación para reunir información que permita determinar si hay datos de prueba que respalden la acusación y, en su caso, si procede solicitar órdenes de aprehensión en México.
Extradición depende de pruebas suficientes
La Fiscalía subrayó que, conforme al marco legal mexicano y a los tratados internacionales, una extradición solo puede concederse si las pruebas son suficientes de acuerdo con la legislación nacional.
Además, recordó que para solicitar una orden de aprehensión se deben presentar datos que permitan inferir la probable comisión de un delito, lo cual —hasta ahora— no se ha acreditado en la solicitud recibida.
Confidencialidad y debido proceso
Lara López también advirtió que la propia solicitud estadounidense establece que este tipo de información debe manejarse con carácter confidencial, por lo que su difusión podría afectar los procedimientos penales en curso.
Asimismo, indicó que en el caso de servidores públicos como gobernadores, la ley mexicana exige un proceso previo —conocido como juicio de procedencia— para retirar la inmunidad y poder proceder penalmente.
La FGR reiteró que actuará con apego a la ley, respeto a la soberanía nacional y a los derechos de las personas involucradas, antes de determinar la viabilidad de la solicitud internacional.
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