Ley de feminicidio enfrenta ruta constitucional y política

La iniciativa para crear una ley general en materia de feminicidio no transita por una vía automática. Antes de llegar a fiscalías, ministerios públicos y tribunales, deberá superar una ruta constitucional que incluye reformas, mayorías calificadas y acuerdos políticos.

El primer paso es modificar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir una norma nacional que homologue el delito en todo el país. Sin este cambio, la ley general simplemente no puede existir.

El proceso exige el voto de dos terceras partes en el Senado y en la Cámara de Diputados, además del aval de la mayoría de los congresos estatales y de la Ciudad de México. En este escenario, Morena no cuenta por sí sola con los votos necesarios, por lo que dependerá del respaldo de sus aliados.

Una vez superado el filtro constitucional, el Congreso podría emitir la ley general, lo que obligaría a las entidades federativas a armonizar sus legislaciones y eliminar las diferencias actuales en la tipificación, investigación y sanción del feminicidio.

En el contenido, la propuesta plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como feminicidio, con el fin de evitar clasificaciones prematuras. También establece protocolos homologados, turnos continuos en las investigaciones y la creación de fiscalías especializadas con personal certificado.

El proyecto contempla penas de entre 40 y 70 años de prisión, además de 21 agravantes y nueve razones de género. Asimismo, establece que el delito será perseguido de oficio y sin prescripción, al igual que la reparación del daño.

Uno de los ejes centrales es la protección a víctimas indirectas. La iniciativa propone que hijas e hijos de las víctimas sean reconocidos como tales, y que el agresor pierda automáticamente la patria potestad y cualquier derecho legal sobre ellos. También se plantea garantizarles acceso a salud, educación y atención psicológica.

En paralelo, se crearía un registro nacional de menores en situación de orfandad por feminicidio, coordinado por instancias federales, con el objetivo de articular políticas públicas y asegurar la restitución de derechos.

El proyecto también incluye lineamientos para medios y plataformas digitales, al prohibir la difusión de imágenes de víctimas de forma sensacionalista.

Así, la iniciativa abre tres frentes simultáneos: el constitucional, el legislativo y el político. Más que una reforma inmediata, lo planteado representa el inicio de una negociación de alto costo en el Congreso y en los estados, donde los votos no están garantizados.

La ruta de la reforma

• Paso 1: Constitución
Reforma al artículo 73 para facultar al Congreso a emitir una ley general
• Paso 2: Mayoría calificada
Se requieren dos terceras partes en Senado y Diputados.
• Paso 3: Aval estatal
Debe ser aprobada por la mayoría de congresos locales.
• Paso 4: Nueva ley
El Congreso expide la Ley General de Feminicidio.
• Paso 5: Armonización
Estados deberán ajustar sus códigos penales y protocolos
• Fondo político: Morena necesita votos de aliados para avanzar

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